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PREÁMBULO
El
pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la
protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Liberta=
dor
Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros
antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una pa=
tria
libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para
establecer una sociedad democrática, participativa y
protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de
justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la
libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común,=
la
integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y=
las
futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cult=
ura,
a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discrimin=
ación
ni subordinación alguna; promueva la cooperación
pacífica entre las naciones e impulse y consolide la
integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no
intervención y autodeterminación de los pueblos, la garant&=
iacute;a
universal e indivisible de los derechos humanos, la democratizació=
n de
la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecoló=
gico
y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e
irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario
representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libr=
e y
en referendo democrático, decreta la siguiente
CONSTITUCIÓN
TÍTULO I
PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES
Artículo 1. La República Bolivariana de
Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patri=
monio
moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional e=
n la
doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.=
Son
derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad=
, la
soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la
autodeterminación nacional.
Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político.
Artículo 3. El Estado tiene como fines esencial=
es
la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el
ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcció=
;n
de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la
prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento =
de
los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta
Constitución.
La
educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar
dichos fines.
Artículo 4. La República Bolivariana de
Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos
consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de
integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y
corresponsabilidad.
Artículo 5. La soberanía reside
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma
prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, media=
nte
el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.<=
o:p>
Los
órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella
están sometidos.
Artículo 6. El gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la compo=
nen
es y será siempre democrático, participativo, electivo,
descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos
revocables.
Artículo 7. La Constitución es la norma
suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las perso=
nas
y los órganos que ejercen el Poder Público están suj=
etos
a esta Constitución.
Artículo 8. La bandera nacional con los colores
amarillo, azul y rojo; el himno nacional Gloria al bravo pueblo y =
el
escudo de armas de la República son los símbolos de la patr=
ia.
La
ley regulará sus características, significados y usos.=
Artículo 9. El idioma oficial es el castellano.=
Los
idiomas indígenas también son de uso oficial para los puebl=
os
indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la
República, por constituir patrimonio cultural de la Nación =
y de
la humanidad.
TÍTULO II
DEL
ESPACIO GEOGRÁFICO Y LA DIVISIÓN POLÍTICA=
Capítulo I
Del
Territorio y demás Espacios Geográficos
Artículo 10. El territorio y demás espac=
ios
geográficos de la República son los que correspondía=
n a
la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación
política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones
resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.
Artículo 11. La soberanía plena de la
República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustr=
e y
fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históri=
cas
y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta qu=
e ha
adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de ésto=
s;
el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recu=
rsos
que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las
especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibl=
es
que por causas naturales allí se hallen.
El
espacio insular de la República comprende el archipiélago de
Los Monjes, archipiélago de Las Aves, archipiélago de Los
Roques, archipiélago de La Orchila, isla La Tortuga, isla La
Blanquilla, archipiélago Los Hermanos, islas de Margarita, Cubagua=
y
Coche, archipiélago de Los Frailes, isla La Sola, archipiél=
ago
de Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y, además, las isla=
s,
islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial=
, en
el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de =
la
zona económica exclusiva.
Sobre
los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima
contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva,=
la
República ejerce derechos exclusivos de soberanía y
jurisdicción en los términos, extensión y condiciones
que determinen el derecho internacional público y la ley.
Corresponden
a la República derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente =
y en
las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la
humanidad, en los términos, extensión y condiciones que
determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional.=
Artículo 12. Los yacimientos mineros y de
hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territo=
rio
nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica
exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la Repúblic=
a,
son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e
imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio públic=
o.
Artículo 13. El territorio no podrá ser
jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado,=
ni
aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de der=
echo
internacional.
El
espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podr&aacut=
e;n
establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que
tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna
potencia o coalición de potencias.
Los
Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional sólo
podrán adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones
diplomáticas o consulares dentro del área que se determine y
mediante garantías de reciprocidad, con las limitaciones que
establezca la ley. En dicho caso quedará siempre a salvo la sobera=
nía
nacional.
Las
tierras baldías existentes en las dependencias federales y en las
islas fluviales o lacustres no podrán enajenarse, y su aprovechami=
ento
sólo podrá concederse en forma que no implique, directa ni
indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra.=
Artículo 14. La ley establecerá un
régimen jurídico especial para aquellos territorios que por
libre determinación de sus habitantes y con aceptación de la
Asamblea Nacional, se incorporen al de la República.
Artículo 15. El Estado tiene la responsabilidad=
de
establecer una política integral en los espacios fronterizos
terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad
territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad
nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultu=
ral,
económico, social y la integración. Atendiendo la naturaleza
propia de cada región fronteriza a través de asignaciones
económicas especiales, una Ley Orgánica de Fronteras determ=
inará
las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad.
Capítulo II
De
la División Política
Artículo 16. Con el fin de organizar
políticamente la República, el territorio nacional se divid=
e en
el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federa=
les
y el de los territorios federales. El territorio se organiza en Municipio=
s.
La división políticoterritorial ser&aacu=
te;
regulada por ley orgánica, que garantice la autonomía munic=
ipal
y la descentralización político administrativa. Dicha ley
podrá disponer la creación de territorios federales en
determinadas áreas de los Estados, cuya vigencia queda supeditada =
a la
realización de un referendo aprobatorio en la entidad respectiva. =
Por
ley especial podrá darse a un territorio federal la categorí=
;a
de Estado, asignándosele la totalidad o una parte de la superficie=
del
territorio respectivo.
Artículo
17. Las dependencias federales son las islas marítimas no integrad=
as
en el territorio de un Estado, así como las islas que se formen o
aparezcan en el mar territorial o en el que cubra la plataforma continent=
al.
Su régimen y administración estarán señalados=
en
la ley.
Artículo 18. La ciudad de Caracas es la capital=
de
la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional=
.
Lo
dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del Poder Nacion=
al en
otros lugares de la República.
Una
ley especial establecerá la unidad político territorial de =
la
ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos
niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del
Estado Miranda. Dicha ley establecerá su organización,
gobierno, administración, competencia y recursos, para alcanzar el
desarrollo armónico e integral de la ciudad. En todo caso la ley
garantizará el carácter democrático y participativo =
de
su gobierno.
TÍTULO III
DE
LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS,
Y
DE LOS DEBERES
Capítulo I
Disposiciones
Generales
Artículo 19. El Estado garantizará a toda
persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminació=
;n
alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente=
de
los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para =
los
órganos del Poder Público de conformidad con esta
Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y
ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.<=
o:p>
Artículo 20. Toda persona tiene derecho al libre
desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las =
que
derivan del derecho de las demás y del orden público y soci=
al.
Artículo 21. Todas las personas son iguales ant=
e la
ley; en consecuencia:
- No se permitirán
discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la
condición social o aquellas que, en general, tengan por objet=
o o
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercici=
o en
condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda person=
a.
- La ley garantizará=
las
condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad =
ante
la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favo=
r de
personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o
vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que =
por
alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos=
o
maltratos que contra ellas se cometan.
- Sólo se dará=
; el
trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las fórmulas
diplomáticas.
- No se reconocen
títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. =
Artículo 22. La enunciación de los derec=
hos
y garantías contenidos en esta Constitución y en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse co=
mo
negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren
expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no
menoscaba el ejercicio de los mismos.
Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones
relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tien=
en
jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la
medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más
favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes=
de
la República, y son de aplicación inmediata y directa por l=
os
tribunales y demás órganos del Poder Público.
Artículo 24. Ninguna disposición legisla=
tiva
tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las
leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entr=
ar
en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los
procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto
beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se
promovieron.
Cuando
haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.
Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del
Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por =
esta
Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y
funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en
responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin
que les sirvan de excusa órdenes superiores.
Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acce=
so a
los órganos de administración de justicia para hacer valer =
sus
derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efect=
iva
de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondient=
e.
El
Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial,
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o
reposiciones inútiles.
Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser
amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y
garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona
que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrume=
ntos
internacionales sobre derechos humanos.
El
procedimiento de la acción de amparo constitucional será or=
al,
público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad
judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatament=
e la
situación jurídica infringida o la situación que
más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el
tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.
La
acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser
interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será
puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin
dilación alguna.
El
ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la
declaración del estado de excepción o de la restricci&oacut=
e;n
de garantías constitucionales.
Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de
acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o
sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las
excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que =
se
haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal compet=
ente
la actualización, la rectificación o la destrucción =
de
aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus
derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier natu=
raleza
que contengan información cuyo conocimiento sea de interés =
para
comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes=
de
información periodística y de otras profesiones que determi=
ne
la ley.
Artículo 29. El Estado estará obligado a
investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos
cometidos por sus autoridades.
Las
acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves=
a
los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles.
Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad
serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos
delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impuni=
dad,
incluidos el indulto y la amnistía.
Artículo 30. El Estado tendrá la
obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de
violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su
derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.
El
Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para
hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo.=
El
Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y
procurará que los culpables reparen los daños causados.
Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los
términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre
derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticione=
s o
quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, =
con
el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.
El
Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta
Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar
cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internaciona=
les
previstos en este artículo.
Capítulo II
De
la nacionalidad y de la ciudadanía
Sección
Primera: De la Nacionalidad
Artículo 32. Son venezolanos y venezolanas por
nacimiento:
- Toda persona nacida en el
territorio de la República.
- Toda persona nacida en
territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimient=
o y
madre venezolana por nacimiento.
- Toda persona nacida en
territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimient=
o o
madre venezolana por nacimiento, siempre que establezcan su residenc=
ia
en el territorio de la República o declaren su voluntad de
acogerse a la nacionalidad venezolana.
- Toda persona nacida en
territorio extranjero de padre venezolano por naturalización o
madre venezolana por naturalización siempre que antes de cump=
lir
dieciocho años de edad, establezca su residencia en el territ=
orio
de la República y antes de cumplir veinticinco años de
edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. <=
o:p>
Artículo 33. Son venezolanos y venezolanas por
naturalización:
- Los extranjeros o extranj=
eras
que obtengan carta de naturaleza. A tal fin deberán tener
domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de, por lo meno=
s,
diez años, inmediatamente anteriores a la fecha de la respect=
iva
solicitud.
El tiempo de residencia se reducirá a cinco
años en el caso de aquellos y aquellas que tuvieren la nacionalidad
originaria de España, Portugal, Italia, países latinoameric=
anos
y del Caribe.
- Los extranjeros o extranj=
eras
que contraigan matrimonio con venezolanas o venezolanos desde que
declaren su voluntad de serlo, transcurridos por lo menos cinco
años a partir de la fecha del matrimonio. <=
/li>
- Los extranjeros o extranj=
eras
menores de edad para la fecha de la naturalización del padre =
o de
la madre que ejerza sobre ellos la patria potestad, siempre que decl=
aren
su voluntad de ser venezolanos o venezolanas antes de cumplir los
veintiún años de edad y hayan residido en Venezuela,
ininterrumpidamente, durante los cinco años anteriores a dicha
declaración.
Artículo 34. La nacionalidad venezolana no se
pierde al optar o adquirir otra nacionalidad.
Artículo 35. Los venezolanos y venezolanas por
nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad. La
nacionalidad venezolana por naturalización sólo podrá
ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley.
Artículo 36. Se puede renunciar a la nacionalid=
ad
venezolana. Quien renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimiento pu=
ede
recuperarla si se domicilia en el territorio de la República por un
lapso no menor de dos años y manifiesta su voluntad de hacerlo. Los
venezolanos y venezolanas por naturalización que renuncien a la
nacionalidad venezolana podrán recuperarla cumpliendo nuevamente l=
os
requisitos exigidos en el artículo 33 de esta Constitución.=
Artículo 37. El Estado promoverá la cele=
bración
de tratados internacionales en materia de nacionalidad, especialmente con=
los
Estados fronterizos y los señalados en el numeral 1 del
artículo 33 de esta Constitución.
Artículo 38. La ley dictará, de conformi=
dad
con las disposiciones anteriores, las normas sustantivas y procesales
relacionadas con la adquisición, opción, renuncia y
recuperación de la nacionalidad venezolana, así como con la
revocación y nulidad de la naturalización.
Sección
Segunda: De la Ciudadanía
Artículo 39. Los venezolanos y venezolanas que =
no
estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni=
a
interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas en esta
Constitución, ejercen la ciudadanía y, en consecuencia, son
titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta
Constitución.
Artículo 40. Los derechos políticos son
privativos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento, salvo las
excepciones establecidas en esta Constitución.
Gozan
de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento los
venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieren ingresad=
o al
país antes de cumplir los siete años de edad y residido en
él permanentemente hasta alcanzar la mayoridad.<=
/p>
Artículo 41. Sólo los venezolanos y
venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer=
los
cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y
Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o
magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del
Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la
República, Contralor o Contralora General de la República,
Fiscal General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo,
Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la
Nación, finanzas, energía y minas, educación;
Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y
Municipios fronterizos y aquellos contemplados en la ley orgánica =
de
la Fuerza Armada Nacional.
Para
ejercer los cargos de diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, Minis=
tros
o Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de Estad=
os y
Municipios no fronterizos, los venezolanos y venezolanas por
naturalización deben tener domicilio con residencia ininterrumpida=
en
Venezuela no menor de quince años y cumplir los requisitos de apti=
tud
previstos en la ley.
Artículo 42. Quien pierda o renuncie a la
nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la
ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo
puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determ=
ine
la ley.
Capítulo III
De
los Derechos Civiles
Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable.
Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna
aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se
encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil=
, o
sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.
Artículo 44. La libertad personal es inviolable=
, en
consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino=
en
virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En
este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no
mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detenció=
n.
Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por=
la
ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
La constitución de caución exigida por la ley para conceder=
la
libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno.
2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus
familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o
éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas s=
obre
el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o
notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que
dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y
psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por
sí mismas, o con el auxilio de especialistas. La autoridad compete=
nte
llevará un registro público de toda detención realiz=
ada,
que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condicion=
es y
funcionarios o funcionarias que la practicaron.
Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se
observará, además, la notificación consular prevista=
en
los tratados internacionales sobre la materia.
3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá
condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la liber=
tad
no excederán de treinta años.
4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estar&aac=
ute;
obligada a identificarse.
5. Ninguna persona continuará en detención después de
dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una v=
ez
cumplida la pena impuesta.
Artículo 45. Se prohíbe a la autoridad
pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia,
excepción o restricción de garantías, practicar,
permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcion=
ario
o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tie=
ne
la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades
competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales,
cómplices y encubridores o encubridoras del delito de
desaparición forzada de personas, así como la tentativa de
comisión del mismo, serán sancionados o sancionadas de
conformidad con la ley.
Artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral, en
consecuencia:
- Ninguna persona puede ser
sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante
practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho=
a
la rehabilitación.
- Toda persona privada de
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.
- Ninguna persona ser&aacut=
e;
sometida sin su libre consentimiento a experimentos científic=
os,
o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando =
se
encontrare en peligro su vida o por otras circunstancias que determi=
ne
la ley.
- Todo funcionario
público o funcionaria pública que, en razón de =
su
cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a
cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, ser&=
aacute;
sancionado o sancionada de acuerdo con la ley.
Artículo 47. El hogar doméstico y todo
recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanado=
s,
sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un
delito o para cumplir de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los
tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano.
Las
visitas sanitarias que se practiquen, de conformidad con la ley, só=
;lo
podrán hacerse previo aviso de los funcionarios o funcionarias que=
las
ordenen o hayan de practicarlas.
Artículo 48. Se garantiza el secreto e
inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No
podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, =
con
el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el
secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente
proceso.
Artículo 49. El debido proceso se aplicar&aacut=
e; a
todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:=
1. La defensa y la asistencia jurídica son dere=
chos
inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proce=
so.
Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales =
se
le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los
medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas
obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona
declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones
establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de
proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable
determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e impar=
cial
establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda
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