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PREÁMBULO
El
pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la
protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Liberta=
dor
Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros
antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una pa=
tria
libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para
establecer una sociedad democrática, participativa y
protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de
justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la
libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común,=
la
integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y=
las
futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cult=
ura,
a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discrimin=
ación
ni subordinación alguna; promueva la cooperación
pacífica entre las naciones e impulse y consolide la
integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no
intervención y autodeterminación de los pueblos, la garant&=
iacute;a
universal e indivisible de los derechos humanos, la democratizació=
n de
la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecoló=
gico
y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e
irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario
representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libr=
e y
en referendo democrático, decreta la siguiente
CONSTITUCIÓN
TÍTULO I
PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES
Artículo 1. La República Bolivariana de
Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patri=
monio
moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional e=
n la
doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.=
Son
derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad=
, la
soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la
autodeterminación nacional.
Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político.
Artículo 3. El Estado tiene como fines esencial=
es
la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el
ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcció=
;n
de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la
prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento =
de
los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta
Constitución.
La
educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar
dichos fines.
Artículo 4. La República Bolivariana de
Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos
consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de
integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y
corresponsabilidad.
Artículo 5. La soberanía reside
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma
prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, media=
nte
el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.<=
o:p>
Los
órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella
están sometidos.
Artículo 6. El gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la compo=
nen
es y será siempre democrático, participativo, electivo,
descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos
revocables.
Artículo 7. La Constitución es la norma
suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las perso=
nas
y los órganos que ejercen el Poder Público están suj=
etos
a esta Constitución.
Artículo 8. La bandera nacional con los colores
amarillo, azul y rojo; el himno nacional Gloria al bravo pueblo y =
el
escudo de armas de la República son los símbolos de la patr=
ia.
La
ley regulará sus características, significados y usos.=
Artículo 9. El idioma oficial es el castellano.=
Los
idiomas indígenas también son de uso oficial para los puebl=
os
indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la
República, por constituir patrimonio cultural de la Nación =
y de
la humanidad.
TÍTULO II
DEL
ESPACIO GEOGRÁFICO Y LA DIVISIÓN POLÍTICA=
Capítulo I
Del
Territorio y demás Espacios Geográficos
Artículo 10. El territorio y demás espac=
ios
geográficos de la República son los que correspondía=
n a
la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación
política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones
resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.
Artículo 11. La soberanía plena de la
República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustr=
e y
fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históri=
cas
y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta qu=
e ha
adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de ésto=
s;
el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recu=
rsos
que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las
especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibl=
es
que por causas naturales allí se hallen.
El
espacio insular de la República comprende el archipiélago de
Los Monjes, archipiélago de Las Aves, archipiélago de Los
Roques, archipiélago de La Orchila, isla La Tortuga, isla La
Blanquilla, archipiélago Los Hermanos, islas de Margarita, Cubagua=
y
Coche, archipiélago de Los Frailes, isla La Sola, archipiél=
ago
de Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y, además, las isla=
s,
islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial=
, en
el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de =
la
zona económica exclusiva.
Sobre
los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima
contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva,=
la
República ejerce derechos exclusivos de soberanía y
jurisdicción en los términos, extensión y condiciones
que determinen el derecho internacional público y la ley.
Corresponden
a la República derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente =
y en
las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la
humanidad, en los términos, extensión y condiciones que
determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional.=
Artículo 12. Los yacimientos mineros y de
hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territo=
rio
nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica
exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la Repúblic=
a,
son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e
imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio públic=
o.
Artículo 13. El territorio no podrá ser
jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado,=
ni
aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de der=
echo
internacional.
El
espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podr&aacut=
e;n
establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que
tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna
potencia o coalición de potencias.
Los
Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional sólo
podrán adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones
diplomáticas o consulares dentro del área que se determine y
mediante garantías de reciprocidad, con las limitaciones que
establezca la ley. En dicho caso quedará siempre a salvo la sobera=
nía
nacional.
Las
tierras baldías existentes en las dependencias federales y en las
islas fluviales o lacustres no podrán enajenarse, y su aprovechami=
ento
sólo podrá concederse en forma que no implique, directa ni
indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra.=
Artículo 14. La ley establecerá un
régimen jurídico especial para aquellos territorios que por
libre determinación de sus habitantes y con aceptación de la
Asamblea Nacional, se incorporen al de la República.
Artículo 15. El Estado tiene la responsabilidad=
de
establecer una política integral en los espacios fronterizos
terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad
territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad
nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultu=
ral,
económico, social y la integración. Atendiendo la naturaleza
propia de cada región fronteriza a través de asignaciones
económicas especiales, una Ley Orgánica de Fronteras determ=
inará
las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad.
Capítulo II
De
la División Política
Artículo 16. Con el fin de organizar
políticamente la República, el territorio nacional se divid=
e en
el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federa=
les
y el de los territorios federales. El territorio se organiza en Municipio=
s.
La división políticoterritorial ser&aacu=
te;
regulada por ley orgánica, que garantice la autonomía munic=
ipal
y la descentralización político administrativa. Dicha ley
podrá disponer la creación de territorios federales en
determinadas áreas de los Estados, cuya vigencia queda supeditada =
a la
realización de un referendo aprobatorio en la entidad respectiva. =
Por
ley especial podrá darse a un territorio federal la categorí=
;a
de Estado, asignándosele la totalidad o una parte de la superficie=
del
territorio respectivo.
Artículo
17. Las dependencias federales son las islas marítimas no integrad=
as
en el territorio de un Estado, así como las islas que se formen o
aparezcan en el mar territorial o en el que cubra la plataforma continent=
al.
Su régimen y administración estarán señalados=
en
la ley.
Artículo 18. La ciudad de Caracas es la capital=
de
la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional=
.
Lo
dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del Poder Nacion=
al en
otros lugares de la República.
Una
ley especial establecerá la unidad político territorial de =
la
ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos
niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del
Estado Miranda. Dicha ley establecerá su organización,
gobierno, administración, competencia y recursos, para alcanzar el
desarrollo armónico e integral de la ciudad. En todo caso la ley
garantizará el carácter democrático y participativo =
de
su gobierno.
TÍTULO III
DE
LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS,
Y
DE LOS DEBERES
Capítulo I
Disposiciones
Generales
Artículo 19. El Estado garantizará a toda
persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminació=
;n
alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente=
de
los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para =
los
órganos del Poder Público de conformidad con esta
Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y
ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.<=
o:p>
Artículo 20. Toda persona tiene derecho al libre
desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las =
que
derivan del derecho de las demás y del orden público y soci=
al.
Artículo 21. Todas las personas son iguales ant=
e la
ley; en consecuencia:
- No se permitirán
discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la
condición social o aquellas que, en general, tengan por objet=
o o
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercici=
o en
condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda person=
a.
- La ley garantizará=
las
condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad =
ante
la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favo=
r de
personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o
vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que =
por
alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos=
o
maltratos que contra ellas se cometan.
- Sólo se dará=
; el
trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las fórmulas
diplomáticas.
- No se reconocen
títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. =
Artículo 22. La enunciación de los derec=
hos
y garantías contenidos en esta Constitución y en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse co=
mo
negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren
expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no
menoscaba el ejercicio de los mismos.
Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones
relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tien=
en
jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la
medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más
favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes=
de
la República, y son de aplicación inmediata y directa por l=
os
tribunales y demás órganos del Poder Público.
Artículo 24. Ninguna disposición legisla=
tiva
tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las
leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entr=
ar
en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los
procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto
beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se
promovieron.
Cuando
haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.
Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del
Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por =
esta
Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y
funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en
responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin
que les sirvan de excusa órdenes superiores.
Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acce=
so a
los órganos de administración de justicia para hacer valer =
sus
derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efect=
iva
de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondient=
e.
El
Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial,
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o
reposiciones inútiles.
Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser
amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y
garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona
que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrume=
ntos
internacionales sobre derechos humanos.
El
procedimiento de la acción de amparo constitucional será or=
al,
público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad
judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatament=
e la
situación jurídica infringida o la situación que
más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el
tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.
La
acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser
interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será
puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin
dilación alguna.
El
ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la
declaración del estado de excepción o de la restricci&oacut=
e;n
de garantías constitucionales.
Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de
acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o
sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las
excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que =
se
haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal compet=
ente
la actualización, la rectificación o la destrucción =
de
aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus
derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier natu=
raleza
que contengan información cuyo conocimiento sea de interés =
para
comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes=
de
información periodística y de otras profesiones que determi=
ne
la ley.
Artículo 29. El Estado estará obligado a
investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos
cometidos por sus autoridades.
Las
acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves=
a
los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles.
Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad
serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos
delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impuni=
dad,
incluidos el indulto y la amnistía.
Artículo 30. El Estado tendrá la
obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de
violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su
derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.
El
Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para
hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo.=
El
Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y
procurará que los culpables reparen los daños causados.
Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los
términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre
derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticione=
s o
quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, =
con
el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.
El
Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta
Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar
cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internaciona=
les
previstos en este artículo.
Capítulo II
De
la nacionalidad y de la ciudadanía
Sección
Primera: De la Nacionalidad
Artículo 32. Son venezolanos y venezolanas por
nacimiento:
- Toda persona nacida en el
territorio de la República.
- Toda persona nacida en
territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimient=
o y
madre venezolana por nacimiento.
- Toda persona nacida en
territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimient=
o o
madre venezolana por nacimiento, siempre que establezcan su residenc=
ia
en el territorio de la República o declaren su voluntad de
acogerse a la nacionalidad venezolana.
- Toda persona nacida en
territorio extranjero de padre venezolano por naturalización o
madre venezolana por naturalización siempre que antes de cump=
lir
dieciocho años de edad, establezca su residencia en el territ=
orio
de la República y antes de cumplir veinticinco años de
edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. <=
o:p>
Artículo 33. Son venezolanos y venezolanas por
naturalización:
- Los extranjeros o extranj=
eras
que obtengan carta de naturaleza. A tal fin deberán tener
domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de, por lo meno=
s,
diez años, inmediatamente anteriores a la fecha de la respect=
iva
solicitud.
El tiempo de residencia se reducirá a cinco
años en el caso de aquellos y aquellas que tuvieren la nacionalidad
originaria de España, Portugal, Italia, países latinoameric=
anos
y del Caribe.
- Los extranjeros o extranj=
eras
que contraigan matrimonio con venezolanas o venezolanos desde que
declaren su voluntad de serlo, transcurridos por lo menos cinco
años a partir de la fecha del matrimonio. <=
/li>
- Los extranjeros o extranj=
eras
menores de edad para la fecha de la naturalización del padre =
o de
la madre que ejerza sobre ellos la patria potestad, siempre que decl=
aren
su voluntad de ser venezolanos o venezolanas antes de cumplir los
veintiún años de edad y hayan residido en Venezuela,
ininterrumpidamente, durante los cinco años anteriores a dicha
declaración.
Artículo 34. La nacionalidad venezolana no se
pierde al optar o adquirir otra nacionalidad.
Artículo 35. Los venezolanos y venezolanas por
nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad. La
nacionalidad venezolana por naturalización sólo podrá
ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley.
Artículo 36. Se puede renunciar a la nacionalid=
ad
venezolana. Quien renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimiento pu=
ede
recuperarla si se domicilia en el territorio de la República por un
lapso no menor de dos años y manifiesta su voluntad de hacerlo. Los
venezolanos y venezolanas por naturalización que renuncien a la
nacionalidad venezolana podrán recuperarla cumpliendo nuevamente l=
os
requisitos exigidos en el artículo 33 de esta Constitución.=
Artículo 37. El Estado promoverá la cele=
bración
de tratados internacionales en materia de nacionalidad, especialmente con=
los
Estados fronterizos y los señalados en el numeral 1 del
artículo 33 de esta Constitución.
Artículo 38. La ley dictará, de conformi=
dad
con las disposiciones anteriores, las normas sustantivas y procesales
relacionadas con la adquisición, opción, renuncia y
recuperación de la nacionalidad venezolana, así como con la
revocación y nulidad de la naturalización.
Sección
Segunda: De la Ciudadanía
Artículo 39. Los venezolanos y venezolanas que =
no
estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni=
a
interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas en esta
Constitución, ejercen la ciudadanía y, en consecuencia, son
titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta
Constitución.
Artículo 40. Los derechos políticos son
privativos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento, salvo las
excepciones establecidas en esta Constitución.
Gozan
de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento los
venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieren ingresad=
o al
país antes de cumplir los siete años de edad y residido en
él permanentemente hasta alcanzar la mayoridad.<=
/p>
Artículo 41. Sólo los venezolanos y
venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer=
los
cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y
Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o
magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del
Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la
República, Contralor o Contralora General de la República,
Fiscal General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo,
Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la
Nación, finanzas, energía y minas, educación;
Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y
Municipios fronterizos y aquellos contemplados en la ley orgánica =
de
la Fuerza Armada Nacional.
Para
ejercer los cargos de diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, Minis=
tros
o Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de Estad=
os y
Municipios no fronterizos, los venezolanos y venezolanas por
naturalización deben tener domicilio con residencia ininterrumpida=
en
Venezuela no menor de quince años y cumplir los requisitos de apti=
tud
previstos en la ley.
Artículo 42. Quien pierda o renuncie a la
nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la
ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo
puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determ=
ine
la ley.
Capítulo III
De
los Derechos Civiles
Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable.
Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna
aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se
encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil=
, o
sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.
Artículo 44. La libertad personal es inviolable=
, en
consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino=
en
virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En
este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no
mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detenció=
n.
Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por=
la
ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
La constitución de caución exigida por la ley para conceder=
la
libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno.
2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus
familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o
éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas s=
obre
el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o
notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que
dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y
psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por
sí mismas, o con el auxilio de especialistas. La autoridad compete=
nte
llevará un registro público de toda detención realiz=
ada,
que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condicion=
es y
funcionarios o funcionarias que la practicaron.
Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se
observará, además, la notificación consular prevista=
en
los tratados internacionales sobre la materia.
3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá
condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la liber=
tad
no excederán de treinta años.
4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estar&aac=
ute;
obligada a identificarse.
5. Ninguna persona continuará en detención después de
dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una v=
ez
cumplida la pena impuesta.
Artículo 45. Se prohíbe a la autoridad
pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia,
excepción o restricción de garantías, practicar,
permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcion=
ario
o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tie=
ne
la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades
competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales,
cómplices y encubridores o encubridoras del delito de
desaparición forzada de personas, así como la tentativa de
comisión del mismo, serán sancionados o sancionadas de
conformidad con la ley.
Artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral, en
consecuencia:
- Ninguna persona puede ser
sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante
practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho=
a
la rehabilitación.
- Toda persona privada de
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.
- Ninguna persona ser&aacut=
e;
sometida sin su libre consentimiento a experimentos científic=
os,
o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando =
se
encontrare en peligro su vida o por otras circunstancias que determi=
ne
la ley.
- Todo funcionario
público o funcionaria pública que, en razón de =
su
cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a
cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, ser&=
aacute;
sancionado o sancionada de acuerdo con la ley.
Artículo 47. El hogar doméstico y todo
recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanado=
s,
sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un
delito o para cumplir de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los
tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano.
Las
visitas sanitarias que se practiquen, de conformidad con la ley, só=
;lo
podrán hacerse previo aviso de los funcionarios o funcionarias que=
las
ordenen o hayan de practicarlas.
Artículo 48. Se garantiza el secreto e
inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No
podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, =
con
el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el
secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente
proceso.
Artículo 49. El debido proceso se aplicar&aacut=
e; a
todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:=
1. La defensa y la asistencia jurídica son dere=
chos
inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proce=
so.
Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales =
se
le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los
medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas
obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona
declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones
establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de
proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable
determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e impar=
cial
establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda
comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en l=
as
jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías
establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona
podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la
juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o=
por
comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o decl=
arar
contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o parie=
nte
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La confesión solamente será válida si fuere hecha sin
coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que =
no
fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistent=
es.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hech=
os
en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o
reparación de la situación jurídica lesionada por er=
ror
judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derec=
ho
del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistra=
do o
de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actu=
ar
contra éstos o éstas.
Artículo 50. Toda persona puede transitar
libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de
domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasl=
adar
sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al pa&iacut=
e;s
o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. =
En
caso de concesión de vías, la ley establecerá los
supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. =
Los
venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de
autorización alguna.
Ningún
acto del Poder Público podrá establecer la pena de
extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o
venezolanas.
Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de
representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario
público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de=
la
competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecu=
ada
respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancion=
adas
conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo
respectivo.
Artículo 52. Toda persona tiene derecho de
asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado
estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho.
Artículo 53. Toda persona tiene el derecho de
reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines
lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se
regirán por la ley.
Artículo 54. Ninguna persona podrá ser
sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particula=
r,
la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus for=
mas,
estará sujeta a las penas previstas en la ley.
Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la pr=
otección
por parte del Estado a través de los órganos de seguridad
ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza,
vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas,=
sus
propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes=
.
La
participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas
destinados a la prevención, seguridad ciudadana y
administración de emergencias será regulada por una ley
especial.
Los
cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derec=
hos
humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas
por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado =
por
principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, co=
nforme
a la ley.
Artículo 56. Toda persona tiene derecho a un no=
mbre
propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad =
de
los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la
maternidad y la paternidad.
Toda
persona tienen derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil
después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que
comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley.
Éstos no contendrán mención alguna que califique la
filiación.
Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expre=
sar
libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escri=
to o
mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para el=
lo
de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda
establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena
responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la
propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promue=
van
la intolerancia religiosa.
Se
prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionari=
as
públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades=
.
Artículo 58. La comunicación es libre y
plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. To=
da
persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial,
sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución,
así como a la réplica y rectificación cuando se vea
afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir
información adecuada para su desarrollo integral.
Artículo 59. El Estado garantizará la
libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a prof=
esar
su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en
público, mediante la enseñanza u otras prácticas,
siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden
público. Se garantiza, así mismo, la independencia y la
autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más
limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. El
padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la
educación religiosa que esté de acuerdo con sus conviccione=
s.
Nadie
podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el
cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus
derechos.
Artículo 60. Toda persona tiene derecho a la
protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen,
confidencialidad y reputación.
La
ley limitará el uso de la informática para garantizar el ho=
nor
y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pl=
eno
ejercicio de sus derechos.
Artículo 61. Toda persona tiene derecho a la
libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afe=
cte
su personalidad o constituya delito. La objeción de conciencia no
puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su
cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.
Capítulo IV
De
los Derechos Políticos y del Referendo Popular
Sección
Primera: De los Derechos Políticos
Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas
tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos,
directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.<=
/o:p>
La
participación del pueblo en la formación, ejecución y
control de la gestión pública es el medio necesario para lo=
grar
el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual co=
mo
colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilit=
ar
la generación de las condiciones más favorables para su
práctica.
Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se
ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secre=
tas.
La ley garantizará el principio de la personalización del
sufragio y la representación proporcional.
Artículo 64. Son electores o electoras todos los
venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de eda=
d y
que no estén sujetos a interdicción civil o
inhabilitación política.
El
voto para las elecciones parroquiales, municipales y estadales se har&aac=
ute;
extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido dieciocho
años de edad, con más de diez años de residencia en =
el
país, con las limitaciones establecidas en esta Constitució=
n y
en la ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o
inhabilitación política.
Artículo 65. No podrán optar a cargo alg=
uno
de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por
delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afect=
en
el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir=
del
cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.<=
/o:p>
Artículo 66. Los electores y electoras tienen
derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas,
transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con=
el
programa presentado.
Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas
tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante
métodos democráticos de organización, funcionamiento=
y
dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o
candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados=
o
seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus
integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones=
con
fines políticos con fondos provenientes del Estado.
La
ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribucio=
nes
privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanism=
os
de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas.
Así mismo regulará las campañas políticas y e=
lectorales,
su duración y límites de gastos propendiendo a su
democratización.
Los
ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fi=
nes
políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales
postulando candidatos o candidatas. El financiamiento de la propaganda
política y de las campañas electorales será regulado=
por
la ley. Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no
podrán contratar con entidades del sector público.
Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen
derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisi=
tos
que los que establezca la ley.
Se
prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el
control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la
actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control d=
el
orden público.
Artículo 69. La República Bolivariana de
Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.<=
/span>
Se
prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas.
Artículo 70. Son medios de participación=
y
protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo
político: la elección de cargos públicos, el referen=
do,
la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislat=
iva,
constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de
ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter
vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancia=
s de
atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las
cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter
financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás fo=
rmas
asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la
solidaridad.
La
ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de=
los
medios de participación previstos en este artículo.
Sección
Segunda: Del Referendo Popular
Artículo 71. Las materias de especial trascende=
ncia
nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa
del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministro=
s;
por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la
mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no m=
enor
del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro
civil y electoral.
También
podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especi=
al
trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le correspon=
de a
la Junta Parroquial, al Concejo Municipal o al Consejo Legislativo, por
acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o
Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o a un número =
no
menor del diez por ciento del total de inscritos en la circunscripci&oacu=
te;n
correspondiente, que lo soliciten.
Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de
elección popular son revocables.
Transcurrida
la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o
funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los elect=
ores
o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción
podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su ma=
ndato.
Cuando
igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al
funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siem=
pre
que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras
igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras
inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá=
; de
inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta
Constitución y en la ley.
La
revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizar&aac=
ute;
de acuerdo con lo que establezca la ley.
Durante
el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no
podrá hacerse más de una solicitud de revocación de =
su
mandato.
Artículo 73. Serán sometidos a referendo
aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional,
cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los o
las integrantes de la Asamblea. Si el referendo concluye en un sí
aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los
electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electo=
ral,
el proyecto correspondiente será sancionado como ley.
Los
tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la
soberanía nacional o transferir competencias a órganos
supranacionales, podrán ser sometidos a referendo por iniciativa d=
el
Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; p=
or
el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamble=
a; o
por el quince por ciento de los electores o electoras inscritos e inscrit=
as
en el registro civil y electoral.
Artículo 74. Serán sometidas a referendo,
para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abrogación
fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por
ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro
civil y electoral o por el Presidente o Presidenta de la República=
en
Consejo de Ministros.
También
podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con fuer=
za
de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República en uso=
de
la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de
esta Constitución, cuando fuere solicitado por un número no
menor del cinco por ciento de los electores y electoras inscritos e inscr=
itas
en el registro civil y electoral.
Para
la validez del referendo abrogatorio será indispensable la
concurrencia de, por lo menos, el cuarenta por ciento de los electores y
electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.
No
podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupue=
sto,
las que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito
público ni las de amnistía, ni aquellas que protejan,
garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados
internacionales.
No
podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en un
período constitucional para la misma materia.
Capítulo V
De
los Derechos Sociales y de las Familias
Artículo 75. El Estado protegerá a las
familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio
fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones
familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad,=
el
esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto
recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará
protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de=
la
familia.
Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser cri=
ados
o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando el=
lo
sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán
derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La
adopción tiene efectos similares a la filiación y se establ=
ece
siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la le=
y.
La adopción internacional es subsidiaria de la nacional.
Artículo 76. La maternidad y la paternidad son
protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del
padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el
número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la
información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este
derecho. El Estado garantizará asistencia y protección inte=
gral
a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción,
durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicio=
s de
planificación familiar integral basados en valores éticos y
científicos.
El
padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, for=
mar,
educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o é=
stas
tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no pued=
an
hacerlo por sí mismos o por si mismas. La ley establecerá l=
as
medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la
obligación alimentaria.
Artículo 77. Se protege el matrimonio entre un
hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad
absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones
estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos
establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el
matrimonio.
Artículo 78. Los niños, niñas y
adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos po=
r la
legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales
respetarán, garantizarán y desarrollarán los conteni=
dos
de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del
Niño y demás tratados internacionales que en esta materia h=
aya
suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la
sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección
integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés super=
ior
en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promover&aacut=
e;
su incorporación progresiva a la ciudadanía activa, y
creará un sistema rector nacional para la protección integr=
al
de los niños, niñas y adolescentes.
Artículo 79. Los jóvenes y las
jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del
proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de
las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su
tránsito productivo hacia la vida adulta y, en particular, para la
capacitación y el acceso al primer empleo, de conformidad con la l=
ey.
Artículo 80. El Estado garantizará a los
ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías=
. El
Estado, con la participación solidaria de las familias y la socied=
ad,
está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y=
les
garantizará atención integral y los beneficios de la seguri=
dad
social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaci=
ones
otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser
inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se =
les
garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas=
que
manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.
Artículo 81. Toda persona con discapacidad o
necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo=
de
sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Esta=
do,
con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le
garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparació=
n de
oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su
formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus
condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas so=
rdas
o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengu=
a de
señas venezolana.
Artículo 82. Toda persona tiene derecho a una
vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénicas, con servicios
básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las
relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción
progresiva de este derecho es obligación compartida entre los
ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.
El
Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medi=
os
para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan
acceder a las políticas sociales y al crédito para la
construcción, adquisición o ampliación de viviendas.=
Artículo 83. La salud es un derecho social
fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como
parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollar&aac=
ute;
políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar
colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho =
a la
protección de la salud, así como el deber de participar
activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las med=
idas
sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los
tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la
República.
Artículo 84. Para garantizar el derecho a la sa=
lud,
el Estado creará, ejercerá la rectoría y
gestionará un sistema público nacional de salud, de
carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrad=
o al
sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad,
universalidad, integralidad, equidad, integración social y
solidaridad. El sistema público nacional de salud dará
prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de l=
as
enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de
calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del
Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene=
el
derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la
planificación, ejecución y control de la política
específica en las instituciones públicas de salud.
Artículo 85. El financiamiento del sistema
público nacional de salud es obligación del Estado, que
integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de =
la
seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine =
la
ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita
cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En
coordinación con las universidades y los centros de
investigación, se promoverá y desarrollará una
política nacional de formación de profesionales,
técnicos y técnicas y una industria nacional de
producción de insumos para la salud. El Estado regulará las
instituciones públicas y privadas de salud.
Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la
seguridad social como servicio público de carácter no
lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en
contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermeda=
des
catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos
laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad,
vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunsta=
ncia
de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegu=
rar
la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social
universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y
participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de
capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas =
de
su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no
podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias=
que
realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios
médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad
social podrán ser administrados sólo con fines sociales baj=
o la
rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a =
la
salud, la educación y la seguridad social se acumularán a l=
os
fines de su distribución y contribución en esos servicios. =
El
sistema de seguridad social será regulado por una ley orgán=
ica
especial.
Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trab=
ajo
y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de
las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener
ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y
decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Es=
tado
fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar=
el
ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no
dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras
restricciones que las que la ley establezca.
Todo
patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras
condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Est=
ado
adoptará medidas y creará instituciones que permitan el con=
trol
y la promoción de estas condiciones.
Artículo 88. El Estado garantizará la
igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al
trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad
económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar
social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformi=
dad
con la ley.
Artículo 89. El trabajo es un hecho social y go=
zará
de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario =
para
mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los
trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligació=
;n
del Estado se establecen los siguientes principios:
- Ninguna ley podrá
establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresivid=
ad
de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales
prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.
- Los derechos laborales son
irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que
implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posi=
ble
la transacción y convenimiento al término de la
relación laboral, de conformidad con los requisitos que estab=
lezca
la ley.
- Cuando hubiere dudas acer=
ca
de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la
interpretación de una determinada norma se aplicará la
más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada =
se
aplicará en su integridad.
- Toda medida o acto del
patrono contrario a esta Constitución es nulo y no genera efe=
cto
alguno.
- Se prohíbe todo ti=
po
de discriminación por razones de política, edad, raza,
sexo o credo o por cualquier otra condición.
- Se prohíbe el trab=
ajo
de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral=
. El
Estado los o las protegerá contra cualquier explotación
económica y social.
Artículo 90. La jornada de trabajo diurna no
excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas seman=
ales.
En los casos en que la ley lo permita, la jornada de trabajo nocturna no
excederá de siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales.
Ningún patrono o patrona podrá obligar a los trabajadores o
trabajadoras a laborar horas extraordinarias. Se propenderá a la
progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del
interés social y del ámbito que se determine y se
dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiem=
po
libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de=
los
trabajadores y trabajadoras.
Los
trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacacion=
es
remunerados en las mismas condiciones que las jornadas efectivamente
laboradas.
Artículo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene
derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir
para sí y su familia las necesidades básicas materiales,
sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario =
por
igual trabajo y se fijará la participación que debe
corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empr=
esa.
El salario es inembargable y se pagará periódica y
oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la
obligación alimentaria, de conformidad con la ley.
El
Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector
público y del sector privado un salario mínimo vital que
será ajustado cada año, tomando como una de las referencias=
el
costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el
procedimiento.
Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajado=
ras
tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigü=
edad
en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las
prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmed=
iata.
Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de v=
alor
y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda
principal.
Artículo 93. La ley garantizará la
estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar t=
oda
forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta
Constitución son nulos.
Artículo 94. La ley determinará la
responsabilidad que corresponda a la persona natural o jurídica en
cuyo provecho se presta el servicio mediante intermediario o contratista,=
sin
perjuicio de la responsabilidad solidaria de éstos. El Estado
establecerá, a través del órgano competente, la
responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en general, en =
caso
de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar,
desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación
laboral.
Artículo 95. Los trabajadores y las trabajadora=
s,
sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previ=
a,
tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que
estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses,
así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la Ley. Estas
organizaciones no están sujetas a intervención,
suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y
trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de
discriminación o de injerencia contrario al ejercicio de este dere=
cho.
Los promotores o promotoras y los o las integrantes de las directivas de =
las
organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante =
el
tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus
funciones.
Para
el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las
organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de los y =
las
integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio
universal, directo y secreto. Los y las integrantes de las directivas y
representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la
libertad sindical para su lucro o interés personal, serán s=
ancionados
o sancionadas de conformidad con la ley. Los y las integrantes de las
directivas de las organizaciones sindicales estarán obligados u
obligadas a hacer declaración jurada de bienes.<=
/p>
Artículo 96. Todos los trabajadores y las
trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la
negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colecti=
vas
de trabajo, sin más requisitos que los que establezca la ley. El
Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducent=
e para
favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos
laborales. Las convenciones colectivas amparan a todos los trabajadores y
trabajadoras activos y activas al momento de su suscripción y a
quienes ingresen con posterioridad.
Artículo 97. Todos los trabajadores y trabajado=
ras
del sector público y del privado tienen derecho a la huelga, dentr=
o de
las condiciones que establezca la ley.
Capítulo VI
De
los Derechos Culturales y Educativos
Artículo 98. La creación cultural es lib=
re.
Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producció=
;n y
divulgación de la obra creativa, científica, tecnoló=
gica
y humanística, incluyendo la protección legal de los derech=
os
del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y
protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científi=
cas,
literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones,
patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que
establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados=
por
la República en esta materia.
Artículo 99. Los valores de la cultura constitu=
yen
un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que =
el
Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones,
instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la
autonomía de la administración cultural pública en l=
os
términos que establezca la ley. El Estado garantizará la
protección y preservación, enriquecimiento, conservaci&oacu=
te;n
y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la
memoria histórica de la Nación. Los bienes que constituyen =
el
patrimonio cultural de la Nación son inalienables, imprescriptible=
s e
inembargables. La Ley establecerá las penas y sanciones para los
daños causados a estos bienes.
Artículo 100. Las culturas populares constituti=
vas
de la venezolanidad gozan de atención especial, reconociénd=
ose
y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad =
de
las culturas. La ley establecerá incentivos y estímulos para
las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrol=
len
o financien planes, programas y actividades culturales en el país,
así como la cultura venezolana en el exterior. El Estado
garantizará a los trabajadores y trabajadoras culturales su
incorporación al sistema de seguridad social que les permita una v=
ida
digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural, de
conformidad con la ley.
Artículo 101. El Estado garantizará la
emisión, recepción y circulación de la
información cultural. Los medios de comunicación tienen el
deber de coadyuvar a la difusión de los valores de la tradici&oacu=
te;n
popular y la obra de los o las artistas, escritores, escritoras,
compositores, compositoras, cineastas, científicos, científ=
icas
y demás creadores y creadoras culturales del país. Los medi=
os
televisivos deberán incorporar subtítulos y traducció=
;n a
la lengua de señas, para las personas con problemas auditivos. La =
ley
establecerá los términos y modalidades de estas obligacione=
s.
Artículo 102. La educación es un derecho
humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y
obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable=
y
de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como
instrumento del conocimiento científico, humanístico y
tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un
servicio público y está fundamentada en el respeto a todas =
las
corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial
creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en un=
a sociedad
democrática basada en la valoración ética del trabaj=
o y
en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos=
de
transformación social consustanciados con los valores de la identi=
dad
nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado,=
con
la participación de las familias y la sociedad, promoverá el
proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios
contenidos de esta Constitución y en la ley.
Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una
educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condici=
ones
y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus
aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligat=
oria
en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificad=
o.
La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado
universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión
prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organizaci&oacu=
te;n
de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá
instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso,
permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley
garantizará igual atención a las personas con necesidades
especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privad=
as
de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su
incorporación y permanencia en el sistema educativo.
Las
contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos
públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas co=
mo
desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley
respectiva.
Artículo 104. La educación estará=
a
cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad
académica. El Estado estimulará su actualización
permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la
carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta
Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de
vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y
permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y =
responderá
a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partid=
ista
o de otra naturaleza no académica.
Artículo 105. La ley determinará las
profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumpl=
irse
para ejercerlas, incluyendo la colegiación.
Artículo 106. Toda persona natural o
jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpl=
a de
manera permanente con los requisitos éticos, académicos,
científicos, económicos, de infraestructura y los dem&aacut=
e;s
que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas
privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado, prev=
ia
aceptación de éste.
Artículo 107. La educación ambiental es
obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así
como también en la educación ciudadana no formal. Es de
obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas,
hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua castellana=
, la
historia y la geografía de Venezuela, así como los principi=
os
del ideario bolivariano.
Artículo 108. Los medios de comunicación
social, públicos y privados, deben contribuir a la formación
ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radi=
o,
televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el =
fin
de permitir el acceso universal a la información. Los centros
educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nu=
evas
tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que
establezca la ley.
Artículo 109. El Estado reconocerá la
autonomía universitaria como principio y jerarquía que perm=
ite
a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su
comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través=
de
la investigación científica, humanística y tecnol&oa=
cute;gica,
para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidad=
es
autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y=
la
administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigila=
ncia
que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía
universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los progr=
amas
de investigación, docencia y extensión. Se establece la
inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales ex=
perimentales
alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.
Artículo 110. El Estado reconocerá el
interés público de la ciencia, la tecnología, el
conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de
información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el =
desarrollo
económico, social y político del país, así co=
mo
para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrol=
lo
de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y
creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuer=
do
con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mis=
mos.
El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éti=
cos
y legales que deben regir las actividades de investigación
científica, humanística y tecnológica. La ley
determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta
garantía.
Artículo 111. Todas las personas tienen derecho=
al
deporte y a la recreación como actividades que benefician la calid=
ad
de vida individual y colectiva. El Estado asumirá el deporte y la
recreación como política de educación y salud
pública y garantizará los recursos para su promoción=
. La
educación física y el deporte cumplen un papel fundamental =
en
la formación integral de la niñez y adolescencia. Su
enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educació=
;n
pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones
que establezca la ley. El Estado garantizará la atención
integral de los y las deportistas sin discriminación alguna,
así como el apoyo al deporte de alta competencia y la
evaluación y regulación de las entidades deportivas del sec=
tor
público y del privado, de conformidad con la ley.
La
ley establecerá incentivos y estímulos a las personas,
instituciones y comunidades que promuevan a los y las atletas y desarroll=
en o
financien planes, programas y actividades deportivas en el país.
Capítulo VII
De
los Derechos Económicos
Artículo 112. Todas las personas pueden dedicar=
se
libremente a la actividad económica de su preferencia, sin m&aacut=
e;s
limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que
establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanid=
ad,
protección del ambiente u otras de interés social. El Estado
promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y
justa distribución de la riqueza, así como la producci&oacu=
te;n
de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la població=
;n,
la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su
facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la
economía e impulsar el desarrollo integral del país.
Artículo 113. No se permitirán monopolio=
s.
Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta
Constitución cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo de lo=
s y
las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio=
o
que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad=
de
aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que
adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios =
el
abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjun=
to
de ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya
adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con
independencia de la causa determinante de tal posición de dominio,
así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los
casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren
necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, =
del
abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas,
teniendo como finalidad la protección del público consumido=
r,
de los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efecti=
vas
de competencia en la economía.
Cuando
se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la
Nación o de la prestación de servicios de naturaleza
pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar
concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de
contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés
público.
Artículo 114. El ilícito económic=
o,
la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelizació=
;n y
otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la
ley.
Artículo 115. Se garantiza el derecho de propie=
dad.
Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de=
sus
bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones,
restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad
pública o de interés general. Sólo por causa de util=
idad
pública o interés social, mediante sentencia firme y pago
oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la
expropiación de cualquier clase de bienes.
Artículo 116. No se decretarán ni
ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos p=
or
esta Constitución. Por vía de excepción podrán
ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsa=
bles
de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de q=
uienes
se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Públi=
co y
los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o
cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustanc=
ias
psicotrópicas y estupefacientes
Artículo 117. Todas las personas tendrán
derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una
información adecuada y no engañosa sobre el contenido y
características de los productos y servicios que consumen, a la
libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley
establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derecho=
s,
las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los
procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento=
de
los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la viol=
ación
de estos derechos.
Artículo 118. Se reconoce el derecho de los
trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarro=
llar
asociaciones de carácter social y participativo, como las
cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas
asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad
económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las
especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al ac=
to
cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de benefi=
cios
colectivos.
El
estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a
mejorar la economía popular y alternativa.
Capítulo VIII
De
los Derechos de los pueblos indígenas
Artículo 119. El Estado reconocerá la
existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su
organización social, política y económica, sus cultu=
ras,
usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábita=
t y
derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente
ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de v=
ida.
Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de
los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propi=
edad
colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables,
imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo
establecido en esta Constitución y en la ley.
Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos
naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se
hará sin lesionar la integridad cultural, social y económic=
a de
los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y
consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de
este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas está=
;n
sujetos a esta Constitución y a la ley.
Artículo 121. Los pueblos indígenas tien=
en
derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural,
cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de
culto. El Estado fomentará la valoración y difusión =
de
las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales
tienen derecho a una educación propia y a un régimen educat=
ivo
de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus
particularidades socioculturales, valores y tradiciones.
Artículo 122. Los pueblos indígenas tien=
en
derecho a una salud integral que considere sus prácticas y cultura=
s.
El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias
complementarias, con sujeción a principios bioéticos.<=
/o:p>
Artículo 123. Los pueblos indígenas tien=
en
derecho a mantener y promover sus propias prácticas económi=
cas
basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus activida=
des
productivas tradicionales, su participación en la economía
nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen
derecho a servicios de formación profesional y a participar en la
elaboración, ejecución y gestión de programas
específicos de capacitación, servicios de asistencia
técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económ=
icas
en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizará=
; a
los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indíg=
enas
el goce de los derechos que confiere la legislación laboral.<=
/o:p>
Artículo 124. Se garantiza y protege la propied=
ad
intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaci=
ones
de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recur=
sos
genéticos y los conocimientos asociados a los mismos
perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de
patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.
Artículo 125. Los pueblos indígenas tien=
en
derecho a la participación política. El Estado
garantizará la representación indígena en la Asamblea
Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y local=
es
con población indígena, conforme a la ley.
Artículo 126. Los pueblos indígenas, como
culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, =
del
Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible.=
De
conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar =
la
integridad y la soberanía nacional.
El
término pueblo no podrá interpretarse en esta
Constitución en el sentido que se le da en el derecho internaciona=
l.
Capítulo IX
De
los Derechos Ambientales
Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada
generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de s&iacut=
e;
misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y
colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y
ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente=
, la
diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos
ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y
demás áreas de especial importancia ecológica. El ge=
noma
de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera=
a
los principios bioéticos regulará la materia.
Es
una obligación fundamental del Estado, con la activa
participación de la sociedad, garantizar que la población se
desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el air=
e,
el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies
vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.
Artículo 128. El Estado desarrollará una
política de ordenación del territorio atendiendo a las
realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales,
culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premi=
sas
del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y
participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollar&aacut=
e;
los principios y criterios para este ordenamiento.
Artículo 129. Todas las actividades susceptible=
s de
generar daños a los ecosistemas deben ser previamente
acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El
Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxic=
os y
peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleare=
s,
químicas y biológicas. Una ley especial regulará el =
uso,
manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y
peligrosas.
En
los contratos que la República celebre con personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se
otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará inclu=
ida
aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el
equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología=
y
la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de
restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara
alterado, en los términos que fije la ley.
Capítulo X
De
los Deberes
Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tie=
nen
el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y, valores
culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la
integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la
Nación.
Artículo 131. Toda persona tiene el deber de
cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás a=
ctos
que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder
Público.
Artículo 132. Toda persona tiene el deber de
cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la =
vida
política, civil y comunitaria del país, promoviendo y
defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia
democrática y de la paz social.
Artículo 133. Toda persona tiene el deber de
coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tas=
as y
contribuciones que establezca la ley.
Artículo 134. Toda persona, de conformidad con =
la
ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios p=
ara
la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer
frente a situaciones de calamidad pública. Nadie puede ser sometid=
o a
reclutamiento forzoso.
Toda
persona tiene el deber de prestar servicios en las funciones electorales =
que
se les asignen de conformidad con la ley.
Artículo 135. Las obligaciones que correspondan=
al
Estado, conforme a esta Constitución y a la ley, en cumplimiento de
los fines del bienestar social general, no excluyen las que, en virtud de=
la
solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspond=
an a
los o a las particulares según su capacidad. La ley proveerá=
; lo
conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los caso=
s en
que fuere necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier
profesión, tienen el deber de prestar servicio a la comunidad dura=
nte
el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley.
TÍTULO IV
DEL
PODER PÚBLICO
Capítulo I
De
las Disposiciones Fundamentales
Sección
Primera: Disposiciones Generales
Artículo 136. El Poder Público se distri=
buye
entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder =
Público
Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y
Electoral.
Cada
una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pe=
ro
los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre
sí en la realización de los fines del Estado.
Artículo 137. La Constitución y la ley
definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder
Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen=
.
Artículo 138. Toda autoridad usurpada es inefic=
az y
sus actos son nulos.
Artículo 139. El ejercicio del Poder Púb=
lico
acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder=
o
por violación de esta Constitución o de la ley.<=
/span>
Artículo 140. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en
cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea
imputable al funcionamiento de la administración pública.
Sección
Segunda: De la administración pública=
Artículo 141. La Administración Pú=
;blica
está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en=
los
principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia,
eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad =
en
el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno =
a la
ley y al derecho.
Artículo 142. Los institutos autónomos
sólo podrán crearse por ley. Tales instituciones, así
como los intereses públicos en corporaciones o entidades de cualqu=
ier
naturaleza, estarán sujetos al control del Estado, en la forma que=
la
ley establezca.
Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen
derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la
Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones =
en
que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las
resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, ti=
enen
acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los
límites aceptables dentro de una sociedad democrática en
materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación
criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley q=
ue
regule la materia de clasificación de documentos de contenido
confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los
funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen
sobre asuntos bajo su responsabilidad.
Sección
Tercera: De la Función Pública
Artículo 144. La ley establecerá el Esta=
tuto
de la función pública mediante normas sobre el ingreso,
ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o
funcionarias de la Administración Pública, y proveerá=
;n
su incorporación a la seguridad social.
La
ley determinará las funciones y requisitos que deben cumplir los
funcionarios públicos y funcionarias públicas para ejercer =
sus
cargos.
Artículo 145. Los funcionarios públicos y
funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de
parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrán es=
tar
determinados por la afiliación u orientación polític=
a.
Quien esté al servicio de los Municipios, de los Estados, de la
República y demás personas jurídicas de derecho
público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar
contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpósita
persona, ni en representación de otro u otra, salvo las excepciones
que establezca la ley.
Artículo 146. Los cargos de los órganos =
de
la Administración Pública son de carrera. Se exceptú=
an
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoció=
;n,
los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Ad=
ministración
Pública y los demás que determine la Ley.=
El
ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias
públicas a los cargos de carrera será por concurso
público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y
eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos
científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado,
suspensión o retiro será de acuerdo con su desempeño=
.
Artículo 147. Para la ocupación de cargos
públicos de carácter remunerado es necesario que sus
respectivos emolumentos estén previstos en el presupuesto
correspondiente.
Las
escalas de salarios en la Administración Pública se
establecerán reglamentariamente conforme a la ley.
La
ley orgánica podrá establecer límites razonables a l=
os
emolumentos que devenguen los funcionarios públicos y funcionarias
públicas municipales, estadales y nacionales.
La
ley nacional establecerá el régimen de las jubilaciones y
pensiones de los funcionarios públicos y funcionarias públi=
cas
nacionales, estadales y municipales.
Artículo 148. Nadie podrá desempeñ=
;ar
a la vez más de un destino público remunerado, a menos que =
se
trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes=
que
determine la ley. La aceptación de un segundo destino que no sea de
los exceptuados en este artículo, implica la renuncia del primero,
salvo cuando se trate de suplentes, mientras no reemplacen definitivament=
e al
principal.
Nadie
podrá disfrutar más de una jubilación o pensió=
;n,
salvo los casos expresamente determinados en la ley.
Artículo 149. Los funcionarios públicos y
funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o
recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la
Asamblea Nacional.
Sección
Cuarta: De los Contratos de Interés Público
Artículo 150. La celebración de los
contratos de interés público nacional requerirá la
aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la l=
ey.
No
podrá celebrarse contrato alguno de interés público
municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjer=
as o
con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la
aprobación de la Asamblea Nacional.
La
ley podrá exigir en los contratos de interés público
determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o
requerir especiales garantías.
Artículo 151. En los contratos de interés
público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de =
los
mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expres=
a,
una cláusula según la cual las dudas y controversias que pu=
edan
suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas
amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los
tribunales competentes de la República, de conformidad con sus ley=
es,
sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamacion=
es
extranjeras.
Sección
Quinta: De las Relaciones Internacionales
Artículo 152. Las relaciones internacionales de=
la
República responden a los fines del Estado en función del
ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se
rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, li=
bre
determinación y no intervención en sus asuntos internos,
solución pacífica de los conflictos internacionales,
cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre l=
os
pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la
humanidad. La República mantendrá la más firme y
decidida defensa de estos principios y de la práctica
democrática en todos los organismos e instituciones internacionale=
s.
Artículo 153. La República promover&aacu=
te;
y favorecerá la integración latinoamericana y caribeñ=
;a,
en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones,
defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales,
políticos y ambientales de la región. La República
podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen
esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y
que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus
habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a
organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las
competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de
integración. Dentro de las políticas de integración y
unión con Latinoamérica y el Caribe, la República
privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una
política común de toda nuestra América Latina. Las
normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración
serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente=
y
de aplicación directa y preferente a la legislación interna=
.
Artículo 154. Los tratados celebrados por la
República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su
ratificación por el Presidente o Presidenta de la República=
, a
excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o
perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar
principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en
las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya
expresamente al Ejecutivo Nacional.
Artículo 155. En los tratados, convenios y acue=
rdos
internacionales que la República celebre, se insertará una
cláusula por la cual las partes se obliguen a resolver por las
vías pacíficas reconocidas en el derecho internacional o
previamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, las controversias=
que
pudieren suscitarse entre las mismas con motivo de su interpretació=
;n o
ejecución si no fuere improcedente y así lo permita el
procedimiento que deba seguirse para su celebración.
Capítulo II
De
la Competencia del Poder Público Nacional
Artículo 156. Es de la competencia del Poder
Público Nacional:
1. La política y la actuación internacio=
nal
de la República.
2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la
República, la conservación de la paz pública y la re=
cta
aplicación de la ley en todo el territorio nacional.
3. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y honores=
de
carácter nacional.
4. La naturalización, la admisión, la extradición y
expulsión de extranjeros o extranjeras.
5. Los servicios de identificación.
6. La policía nacional.
7. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.
8. La organización y régimen de la Fuerza Armada Nacional.<=
br>
9. El régimen de la administración de riesgos y emergencias=
.
10. La organización y régimen del Distrito Capital y de las
dependencias federales.
11. La regulación de la banca central, del sistema monetario, del
régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capital=
es;
la emisión y acuñación de moneda.
12. La creación, organización, recaudación,
administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre
sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la
producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los
gravámenes a la importación y exportación de bienes y
servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoho=
les
y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás
manufacturas del tabaco, y de los demás impuestos, tasas y rentas =
no
atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución o por =
la
ley.
13. La legislación para garantizar la coordinación y
armonización de las distintas potestades tributarias, definir
principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la
determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los
tributos estadales y municipales, así como para crear fondos
específicos que aseguren la solidaridad interterritorial.
14. La creación y organización de impuestos territoriales o
sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya
recaudación y control corresponda a los Municipios, de conformidad=
con
esta Constitución.
15. El régimen del comercio exterior y la organización y
régimen de las aduanas.
16. El régimen y administración de las minas e hidrocarburo=
s,
el régimen de las tierras baldías, y la conservación,
fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas
naturales del país.
El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tie=
mpo
indefinido.
La Ley establecerá un sistema de asignaciones económicas
especiales en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren
situados los bienes que se mencionan en este numeral, sin perjuicio de que
también puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de
otros Estados.
17. El Régimen de metrología legal y control de calidad.
18. Los censos y estadísticas nacionales.
19. El establecimiento, coordinación y unificación de norma=
s y
procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de
arquitectura y de urbanismo, y la legislación sobre ordenaci&oacut=
e;n
urbanística.
20. Las obras públicas de interés nacional.
21. Las políticas macroeconómicas, financieras y fiscales d=
e la
República.
22. El régimen y organización del sistema de seguridad soci=
al.
23. Las políticas nacionales y la legislación en materia
naviera, de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, ambiente, aguas,
turismo, ordenación del territorio.
24. Las políticas y los servicios nacionales de educación y
salud.
25. Las políticas nacionales para la producción
agrícola, ganadera, pesquera y forestal.
26. El régimen de la navegación y del transporte aér=
eo
terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de carácter nacion=
al;
de los puertos, aeropuertos y su infraestructura.
27. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales.
28. El régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones,
así como el régimen y la administración del espectro
electromagnético.
29. El régimen general de los servicios públicos domiciliar=
ios
y, en especial, electricidad, agua potable y gas.
30. El manejo de la política de fronteras con una visión
integral del país, que permita la presencia de la venezolanidad y =
el
mantenimiento territorial y la soberanía en esos espacios.
31. La organización y administración nacional de la justici=
a,
del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
32. La legislación en materia de derechos, deberes y garantí=
;as
constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de
procedimientos y de derecho internacional privado; la de elecciones; la de
expropiación por causa de utilidad pública o social; la de
crédito público; la de propiedad intelectual, artíst=
ica
e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agrari=
a;
la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y
territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y seguri=
dad
sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro
público; la de bancos y la de seguros; la de loterías,
hipódromos y apuestas en general; la de organización y func=
ionamiento
de los órganos del Poder Público Nacional y demás
órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a tod=
as
las materias de la competencia nacional.
33. Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Pod=
er
Público Nacional, o que le corresponda por su índole o natu=
raleza.
Artículo 157. La Asamblea Nacional, por
mayoría de sus integrantes, podrá atribuir a los Municipios=
o a
los Estados determinadas materias de la competencia nacional, a fin de
promover la descentralización.
Artículo 158. La descentralización, como
política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el po=
der
a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el
ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficie=
nte
de los cometidos estatales.
Capítulo
III
Del
Poder Público Estadal
Artículo 159. Los Estados son entidades
autónomas e iguales en lo político, con personalidad
jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia,
soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir esta
Constitución y las leyes de la República.=
Artículo 160. El gobierno y administració=
;n
de cada Estado corresponde a un Gobernador o Gobernadora. Para ser Gobern=
ador
o Gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticin=
co
años y de estado seglar.
El
Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un perí=
odo
de cuatro años por mayoría de las personas que voten. El
Gobernador o Gobernadora podrá ser reelegido o reelegida, de inmed=
iato
y por una sola vez, para un nuevo período.
Artículo 161. Los Gobernadores o Gobernadoras
rendirán anual y públicamente, cuenta de su gestión =
ante
el Contralor o Contralora del Estado y presentarán un informe de la
misma ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y
Coordinación de Políticas Públicas.
Artículo 162. El Poder Legislativo se
ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por =
un
número no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes
proporcionalmente representarán a la población del Estado y=
a
los Municipios. El Consejo Legislativo tendrá las atribuciones
siguientes:
- Legislar sobre las materi=
as
de la competencia estadal.
- Sancionar la Ley de
Presupuesto del Estado.
- Las demás que
establezcan esta Constitución y la ley.
Los
requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obligaci&oacut=
e;n
de rendición anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdicci&oacu=
te;n
territorial, se regirán por las normas que esta Constitución
establece para los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, en cuanto
les sean aplicables. Los legisladores o legisladoras estadales será=
;n
elegidos o elegidas por un período de cuatro años pudiendo =
ser
reelegidos o reelegidas por dos períodos consecutivos como
máximo. La ley nacional regulará el régimen de la
organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo.
163. Cada Estado tendrá una Contraloría =
que
gozará de autonomía orgánica y funcional. La
Contraloría del Estado ejercerá, conforme a esta
Constitución y la ley, el control, la vigilancia y la fiscalizaci&=
oacute;n
de los ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo del alcance de =
las
funciones de la Contraloría General de la República. Dicho
órgano actuará bajo la dirección y responsabilidad d=
e un
Contralor o Contralora, cuyas condiciones para el ejercicio del cargo ser=
án
determinadas por la ley, la cual garantizará su idoneidad e
independencia; así como la neutralidad en su designación, q=
ue
será mediante concurso público.
Artículo 164. Es de la competencia exclusiva de=
los
estados:
- Dictar su Constituci&oacu=
te;n
para organizar los poderes públicos, de conformidad con lo
dispuesto en esta Constitución.
- La organización de=
sus
Municipios y demás entidades locales y su división
político territorial, conforme a esta Constitución y a=
la
ley.
- La administración =
de
sus bienes y la inversión y administración de sus
recursos, incluso de los provenientes de transferencias, subvencione=
s o
asignaciones especiales del Poder Nacional, así como de aquel=
los
que se les asignen como participación en los tributos naciona=
les.
- La organización,
recaudación, control y administración de los ramos
tributarios propios, según las disposiciones de las leyes
nacionales y estadales.
- El régimen y
aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al P=
oder
Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las
tierras baldías en su jurisdicción, de conformidad con=
la
ley.
- La organización de=
la
policía y la determinación de las ramas de este servic=
io
atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legislaci&oacut=
e;n
nacional aplicable.
- La creación,
organización, recaudación, control y administraci&oacu=
te;n
de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas.
- La creación,
régimen y organización de los servicios públicos
estadales;
- La ejecución,
conservación, administración y aprovechamiento de las
vías terrestres estadales;
- La conservación,
administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas
nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercia=
l,
en coordinación con el Ejecutivo Nacional. =
- Todo lo que no correspond=
a,
de conformidad con esta Constitución, a la competencia nacion=
al o
municipal.
Artículo 165. Las materias objeto de competenci=
as
concurrentes serán reguladas mediante leyes de bases dictadas por =
el
Poder Nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados. Esta
legislación estará orientada por los principios de la
interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabil=
idad
y subsidiariedad.
Los
Estados descentralizarán y transferirán a los Municipios los
servicios y competencias que gestionen y que éstos estén en
capacidad de prestar, así como la administración de los
respectivos recursos, dentro de las áreas de competencias concurre=
ntes
entre ambos niveles del Poder Público. Los mecanismos de transfere=
ncia
estarán regulados por el ordenamiento jurídico estadal.
Artículo 166. En cada Estado se creará un
Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas
Públicas, presidido por el Gobernador o Gobernadora e integrado por
los Alcaldes o Alcaldesas, los directores o directoras estadales de los
ministerios; y una representación de los legisladores elegidos o
legisladoras elegidas por el Estado a la Asamblea Nacional, del Consejo
Legislativo, de los concejales o concejalas y de las comunidades organiza=
das,
incluyendo las indígenas donde las hubiere. El mismo funcionar&aac=
ute;
y se organizará de acuerdo con lo que determine la ley.=
Artículo 167. Son ingresos de los Estados:=
1. Los procedentes de su patrimonio y de la
administración de sus bienes.
2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones, y =
las
que les sean atribuidas.
3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales=
.
4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado constitucion=
al.
El situado es una partida equivalente a un máximo del veinte por
ciento del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el F=
isco
Nacional, la cual se distribuirá entre los Estados y el Distrito
Capital en la forma siguiente: un treinta por ciento de dicho porcentaje =
por
partes iguales, y el setenta por ciento restante en proporción a la
población de cada una de dichas entidades.
En cada ejercicio fiscal, los Estados destinarán a la inversi&oacu=
te;n
un mínimo del cincuenta por ciento del monto que les corresponda p=
or
concepto de situado. A los Municipios de cada Estado les corresponder&aac=
ute;,
en cada ejercicio fiscal, una participación no menor del veinte por
ciento del situado y de los demás ingresos ordinarios del respecti=
vo
Estado.
En caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional que impongan una
modificación del Presupuesto Nacional, se efectuará un reaj=
uste
proporcional del situado.
La ley establecerá los principios, normas y procedimientos que
propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos
provenientes del situado constitucional y de la participación
municipal en el mismo.
5. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se l=
es
asigne por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de las
haciendas públicas estadales.
Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los Estados
podrán compensar dichas asignaciones con modificaciones de los ram=
os
de ingresos señalados en este artículo, a fin de preservar =
la
equidad interterritorial. El porcentaje del ingreso nacional ordinario
estimado que se destine al situado constitucional, no será menor al
quince por ciento del ingreso ordinario estimado, para lo cual se
tendrá en cuenta la situación y sostenibilidad financiera d=
e la
Hacienda Pública Nacional, sin menoscabo de la capacidad de las ad=
ministraciones
estadales para atender adecuadamente los servicios de su competencia.
6. Los recursos provenientes del Fondo de Compensación
Interterritorial y de cualquier otra transferencia, subvención o
asignación especial, así como de aquellos que se les asigne
como participación en los tributos nacionales, de conformidad con =
la
respectiva ley.
Capítulo IV
Del
Poder Público Municipal
Artículo 168. Los Municipios constituyen la uni=
dad
política primaria de la organización nacional, gozan de
personalidad jurídica y autonomía dentro de los lími=
tes
de esta Constitución y de la ley. La autonomía municipal
comprende:
- La elección de sus
autoridades.
- La gestión de las
materias de su competencia.
- La creación,
recaudación e inversión de sus ingresos.
Las actuaciones del Municipio =
en
el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la
participación ciudadana al proceso de definición y
ejecución de la gestión pública y al control y
evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y
oportuna, conforme a la ley.
Los actos de los Municipios no
podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de
conformidad con esta Constitución y con la ley.<=
/p>
Artículo
169. La organización de los Municipios y demás entidades
locales se regirá por esta Constitución, por las normas que
para desarrollar los principios constitucionales establezcan las leyes
orgánicas nacionales, y por las disposiciones legales que de
conformidad con aquellas dicten los Estados.
La legislación que se d=
icte
para desarrollar los principios constitucionales relativos a los Municipi=
os y
demás entidades locales, establecerá diferentes
regímenes para su organización, gobierno y
administración, incluso en lo que respecta a la determinació=
;n
de sus competencias y recursos, atendiendo a las condiciones de
población, desarrollo económico, capacidad para generar
ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos
históricos y culturales y otros factores relevantes. En particular,
dicha legislación establecerá las opciones para la
organización del régimen de gobierno y administración
local que corresponderá a los Municipios con población
indígena. En todo caso, la organización municipal ser&aacut=
e;
democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno
local.
Artículo
170. Los Municipios podrán asociarse en mancomunidades o acordar e=
ntre
sí o con los demás entes públicos territoriales, la
creación de modalidades asociativas intergubernamentales para fine=
s de
interés público relativos a materias de su competencia. Por=
ley
se determinarán las normas concernientes a la agrupación de=
dos
o más Municipios en distritos metropolitanos.
Artículo
171. Cuando dos o más Municipios pertenecientes a una misma entidad
federal tengan relaciones económicas, sociales y físicas que
den al conjunto características de un área metropolitana, p=
odrán
organizarse como distritos metropolitanos. La ley orgánica que al
efecto se dicte garantizará el carácter democrático y
participativo del gobierno metropolitano y establecerá sus
competencias funcionales, así como el régimen fiscal,
financiero y de control. También asegurará que en los
órganos de gobierno metropolitano tengan adecuada participaci&oacu=
te;n
los respectivos Municipios, y señalará la forma de convocar=
y
realizar las consultas populares que decidan la vinculación de est=
os
últimos al distrito metropolitano.
La ley podrá establecer
diferentes regímenes para la organización, gobierno y
administración de los distritos metropolitanos atendiendo a las
condiciones de población, desarrollo económico y social,
situación geográfica y otros factores de importancia. En to=
do
caso, la atribución de competencias para cada distrito metropolita=
no
tendrá en cuenta esas condiciones.
Artículo
172. El Consejo Legislativo, previo pronunciamiento favorable mediante
consulta popular de la población afectada, definirá los l&i=
acute;mites
del distrito metropolitano y lo organizará según lo estable=
cido
en la ley orgánica nacional, determinando cuáles de las
competencias metropolitanas serán asumidas por los órganos =
de
gobierno del respectivo distrito metropolitano.
Cuando los Municipios que dese=
en
constituirse en un distrito metropolitano pertenezcan a entidades federal=
es
distintas, corresponderá a la Asamblea Nacional su creación=
y
organización.
Artículo
173. El Municipio podrá crear parroquias conforme a las condiciones
que determine la ley. La legislación que se dicte para desarrollar=
los
principios constitucionales sobre régimen municipal establecer&aac=
ute;
los supuestos y condiciones para la creación de otras entidades
locales dentro del territorio municipal, así como los recursos de =
que dispondrán,
concatenados a las funciones que se les asignen, incluso su
participación en los ingresos propios del Municipio. Su
creación atenderá a la iniciativa vecinal o comunitaria, co=
n el
objeto de proveer a la desconcentración de la administración
del Municipio, la participación ciudadana y la mejor prestaci&oacu=
te;n
de los servicios públicos. En ningún caso las parroquias
serán asumidas como divisiones exhaustivas o imperativas del
territorio del Municipio.
Artículo
174. El gobierno y administración del Municipio corresponder&aacut=
e;n
al Alcalde o Alcaldesa, quien será también la primera autor=
idad
civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o venezola=
na,
mayor de veinticinco años y de estado seglar. El Alcalde o Alcalde=
sa
será elegido o elegida por un período de cuatro años=
por
mayoría de las personas que votan, y podrá ser reelegido o
reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período.=
Artículo 175. La
función legislativa del Municipio corresponde al Concejo, integrado
por concejales elegidos o concejalas elegidas en la forma establecida en =
esta
Constitución, en el número y condiciones de elegibilidad que
determine la ley.
Artículo
176. Corresponde a la Contraloría Municipal el control, vigilancia=
y
fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, as&iac=
ute;
como las operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de=
las
atribuciones de la Contraloría General de la República, y
será dirigida por el Contralor o Contralora Municipal, designado o
designada por el Concejo mediante concurso público que garantice la
idoneidad y capacidad de quien sea designado o designada para el cargo, de
acuerdo con las condiciones establecidas por la ley.
Artículo
177. La ley nacional podrá establecer principios, condiciones y
requisitos de residencia, prohibiciones, causales de inhibición e
incompatibilidades para la postulación y ejercicio de las funcione=
s de
alcaldes o alcaldesas y concejales o concejalas.
Artículo
178. Son de la competencia del Municipio el gobierno y administraci&oacut=
e;n
de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne esta
Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida
local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo
económico y social, la dotación y prestación de los
servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la
política referente a la materia inquilinaria con criterios de equi=
dad,
justicia y contenido de interés social, de conformidad con la
delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoci&oacu=
te;n
de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condici=
ones
de vida de la comunidad, en las siguientes áreas:
- Ordenación territo=
rial
y urbanística; patrimonio histórico; vivienda de
interés social; turismo local; parques y jardines, plazas,
balnearios y otros sitios de recreación; arquitectura civil,
nomenclatura y ornato público.
- Vialidad urbana;
circulación y ordenación del tránsito de
vehículos y personas en las vías municipales; servicio=
s de
transporte público urbano de pasajeros y pasajeras.
- Espectáculos p&uac=
ute;blicos
y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines
específicos municipales.
- Protección del
ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urb=
ano
y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de
recolección y tratamiento de residuos y protección civ=
il.
- Salubridad y atenci&oacut=
e;n
primaria en salud, servicios de protección a la primera y seg=
unda
infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educación
preescolar, servicios de integración familiar de la persona c=
on
discapacidad al desarrollo comunitario, actividades e instalaciones
culturales y deportivas; servicios de prevención y
protección, vigilancia y control de los bienes y las activida=
des
relativas a las materias de la competencia municipal.
- Servicio de agua potable,
electricidad y gas doméstico, alcantarillado, canalizaci&oacu=
te;n
y disposición de aguas servidas; cementerios y servicios
funerarios.
- Justicia de paz,
prevención y protección vecinal y servicios de
policía municipal, conforme a la legislación nacional =
aplicable.
- Las demás que le
atribuyan esta Constitución y la ley.
Las actuaciones que correspond=
en
al Municipio en la materia de su competencia no menoscaban las competenci=
as
nacionales o estadales que se definan en la ley conforme a esta
Constitución.
Artículo
179. Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:
- Los procedentes de su
patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y bienes. <=
/span>
- Las tasas por el uso de s=
us
bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o
autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de
industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las
limitaciones establecidas en esta Constitución; los impuestos
sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos
públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publ=
icidad
comercial; y la contribución especial sobre plusvalías=
de
las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de
aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de
ordenación urbanística.
- El impuesto territorial r=
ural
o sobre predios rurales, la participación en la
contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales=
o
estadales, conforme a las leyes de creación de dichos tributo=
s.
- Los derivados del situado
constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales o
estadales;
- El producto de las multas=
y
sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás=
que
les sean atribuidas;
- Los demás que
determine la ley.
Artículo
180. La potestad tributaria que corresponde a los Municipios es distinta y
autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitució=
n o
las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas materi=
as o
actividades.
Las inmunidades frente a la
potestad impositiva de los Municipios, a favor de los demás entes
políticos territoriales, se extiende sólo a las personas
jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni=
a
otros contratistas de la Administración Nacional o de los Estados.=
Artículo
181. Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. Sólo
podrán enajenarse previo cumplimiento de las formalidades prevista=
s en
las ordenanzas municipales y en los supuestos que las mismas señal=
en,
conforme a esta Constitución y la legislación que se dicte =
para
desarrollar sus principios.
Los terrenos situados dentro d=
el
área urbana de las poblaciones del Municipio, carentes de due&ntil=
de;o
o dueña, son ejidos, sin menoscabo de legítimos derechos de
terceros, válidamente constituidos. Igualmente, se constituyen en =
ejidos
las tierras baldías ubicadas en el área urbana. Quedar&aacu=
te;n
exceptuadas las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos
indígenas. La ley establecerá la conversión en ejido=
s de
otras tierras públicas.
Artículo
182. Se crea el Consejo Local de Planificación Pública,
presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y
concejalas, los Presidentes o Presidentas de la Juntas Parroquiales y
representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organiz=
ada,
de conformidad con las disposiciones que establezca la ley.
Artículo
183. Los Estados y los Municipios no podrán:
- Crear aduanas ni impuesto=
s de
importación, de exportación o de tránsito sobre
bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demás materias
rentísticas de la competencia nacional.
- Gravar bienes de consumo
antes de que entren en circulación dentro de su territorio. <=
o:p>
- Prohibir el consumo de bi=
enes
producidos fuera de su territorio, ni gravarlos en forma diferente a=
los
producidos en él.
Los Estados y Municipios
sólo podrán gravar la agricultura, la cría, la pesca=
y
la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que lo permita la=
ley
nacional.
Artículo
184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los
Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y
grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen pre=
via
demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:
- La transferencia de servi=
cios
en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura,
programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas
industriales, mantenimiento y conservación de áreas
urbanas, prevención y protección vecinal,
construcción de obras y prestación de servicios
públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cu=
yos
contenidos estarán orientados por los principios de
interdependencia, coordinación, cooperación y
corresponsabilidad.
- La participación de
las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de las
asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la
formulación de propuestas de inversión ante las
autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboraci&oacut=
e;n
de los respectivos planes de inversión, así como en la
ejecución, evaluación y control de obras, programas
sociales y servicios públicos en su jurisdicción.
- La participación en
los procesos económicos estimulando las expresiones de la
economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro,
mutuales y otras formas asociativas.
- La participación de
los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de
las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y
cogestionarios.
- La creación de
organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como
fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a =
su
permanencia mediante el diseño de políticas en las cua=
les
aquellas tengan participación.
- La creación de nue=
vos
sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las
comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar =
el
principio de la corresponsabilidad en la gestión públi=
ca
de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos
autogestionarios y cogestionarios en la administración y cont=
rol
de los servicios públicos estadales y municipales.
- La participación de
las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos
penales y de vinculación de éstos con la poblaci&oacut=
e;n.
Capítulo V
Del
Consejo Federal de Gobierno
Artículo 185. El Consejo Federal de Gobierno es=
el
órgano encargado de la planificación y coordinación =
de políticas
y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y
transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipi=
os.
Estará presidido por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva e integrado por los Ministros o Ministras, los gobernadores o
gobernadoras, un alcalde o alcaldesa por cada Estado y representantes de =
la
sociedad organizada, de acuerdo con la ley.
El
Consejo Federal de Gobierno contará con una Secretaría,
integrada por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, dos
Ministros o Ministras, tres gobernadores o gobernadoras y tres alcaldes o
alcaldesas. Del Consejo Federal de Gobierno dependerá el Fondo de
Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inve=
rsiones
públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, =
la
cooperación y complementación de las políticas e
iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas
territoriales, y a apoyar especialmente la dotación de obras y
servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo
relativo. El Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios
regionales, discutirá y aprobará anualmente los recursos qu=
e se
destinarán al Fondo de Compensación Interterritorial y las
áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicar&aacu=
te;n
dichos recursos.
TÍTULO V
DE
LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL
Capítulo I
Del
Poder Legislativo Nacional
Sección
Primera: Disposiciones Generales
Artículo 186. La Asamblea Nacional estará
integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad
federal por votación universal, directa, personalizada y secreta c=
on
representación proporcional, según una base poblacional del=
uno
coma uno por ciento de la población total del país.
Cada
entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas=
.
Los
pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela
elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido =
en
la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres.
Cada
diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente, escogido o
escogida en el mismo proceso.
Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Naciona=
l:
- Legislar en las materias =
de
la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas r=
amas
del Poder Nacional.
- Proponer enmiendas y refo=
rmas
a esta Constitución, en los términos establecidos en
ésta.
- Ejercer funciones de cont=
rol
sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional=
, en
los términos consagrados en esta Constitución y en la =
ley.
Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta
función, tendrán valor probatorio, en las condiciones =
que
la ley establezca.
- Organizar y promover la
participación ciudadana en los asuntos de su competencia.
- Decretar amnistías=
.
- Discutir y aprobar el pre=
supuesto
nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen
tributario y al crédito público.
- Autorizar los créd=
itos
adicionales al presupuesto.
- Aprobar las líneas
generales del plan de desarrollo económico y social de la
Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Naciona=
l en
el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada
período constitucional.
- Autorizar al Ejecutivo
Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los
casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de inter&eacut=
e;s
público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades
oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.=
- Dar voto de censura al
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y a los Ministro=
s o
Ministras. La moción de censura sólo podrá ser
discutida dos días después de presentada a la Asamblea=
, la
cual podrá decidir, por las tres quintas partes de los diputa=
dos
o diputadas, que el voto de censura implica la destituci&oacu=
te;n
del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o del Minist=
ro o
Ministra.
- Autorizar el empleo de
misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el
país.
- Autorizar al Ejecutivo
Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la
Nación, con las excepciones que establezca la ley.
- Autorizar a los funcionar=
ios
públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos,
honores o recompensas de gobiernos extranjeros.
- Autorizar el nombramiento=
del
Procurador o Procuradora General de la República y de los Jef=
es o
Jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes.
- Acordar los honores del
Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres, que ha=
yan
prestado servicios eminentes a la República, después de
transcurridos veinticinco años de su fallecimiento. Esta deci=
sión
podrá tomarse por recomendación del Presidente o
Presidenta de la República, de las dos terceras partes de los
Gobernadores o Gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de
las Universidades Nacionales en pleno.
- Velar por los intereses y=
autonomía
de los Estados.
- Autorizar la salida del
Presidente o Presidenta de la República del territorio nacion=
al
cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco
días consecutivos.
- Aprobar por ley los trata=
dos
o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo=
las
excepciones consagradas en esta Constitución.
- Dictar su reglamento y
aplicar las sanciones que en él se establezcan.
- Calificar a sus integrant=
es y
conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado=
o diputada
sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras
partes de los diputados y las diputadas presentes.
- Organizar su servicio de
seguridad interna.
- Acordar y ejecutar su
presupuesto de gastos, tomando en cuenta las limitaciones financieras
del país.
- Ejecutar las resoluciones
concernientes a su funcionamiento y organización administrati=
va.
- Todo lo demás que =
le
señalen esta Constitución y la ley. =
Artículo 188. Las condiciones para ser elegido o
elegida diputado o diputada a la Asamblea Nacional son:=
- Ser venezolano o venezola=
na
por nacimiento o por naturalización con , por lo menos, quince
años de residencia en territorio venezolano.
- Ser mayor de veinti&uacut=
e;n
años de edad.
- Haber residido cuatro
años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la f=
echa
de la elección.
Artículo 189. No podrán ser elegidos
diputados o diputadas:
- El Presidente o President=
a de
la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva, los Ministros o Ministras, el Secretario o Secretaria de =
la
Presidencia de la República y los Presidentes o Presidentas y
Directores o Directoras de los Institutos Autónomos y empresas
del Estado, hasta tres meses después de la separación
absoluta de sus cargos.
- Los gobernadores o
gobernadoras y secretarios o secretarias de gobierno, de los Estados=
y
autoridades de similar jerarquía del Distrito Capital, hasta =
tres
meses después de la separación absoluta de sus cargos.=
- Los funcionarios o
funcionarias municipales, estadales o nacionales, de Institutos
Autónomos o empresas del Estado, cuando la elección te=
nga
lugar en la jurisdicción en la cual actúa, salvo si se
trata de un cargo accidental, asistencial, docente o académic=
o.
La
ley orgánica podrá establecer la inelegibilidad de otros
funcionarios o funcionarias.
Artículo 190. Los diputados o diputadas a la
Asamblea Nacional no podrán ser propietarios o propietarias,
administradores o administradoras o directores o directoras de empresas q=
ue
contraten con personas jurídicas estatales, ni podrán gesti=
onar
causas particulares de interés lucrativo con las mismas. Durante la
votación sobre causas en las cuales surjan conflictos de intereses
económicos, los o las integrantes de la Asamblea Nacional, que
estén involucrados o involucradas e dichos conflictos, deber&aacut=
e;n
abstenerse.
Artículo 191. Los diputados o diputadas a la
Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públic=
os
sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académic=
as,
accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación
exclusiva.
Artículo 192. Los diputados o diputadas a la
Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos periodos consecut=
ivos
como máximo.
Sección
Segunda: De la Organización de la Asamblea Nacional
Artículo 193. La Asamblea Nacional nombrar&aacu=
te;
Comisiones Permanentes, ordinarias y especiales. Las Comisiones Permanent=
es,
en un número no mayor de quince, estarán referidas a los
sectores de actividad nacional. Igualmente, podrá crear Comisiones=
con
carácter temporal para investigación y estudio, todo ello de
conformidad con su Reglamento. La Asamblea Nacional podrá crear o
suprimir Comisiones Permanentes con el voto favorable de las dos terceras
partes de sus integrantes.
Artículo 194. La Asamblea Nacional elegir&aacut=
e;
de su seno un Presidente o Presidenta y dos Vicepresidentes o
Vicepresidentas, un Secretario o Secretaria y un Subsecretario o
Subsecretaria fuera de su seno, por un período de un año. El
Reglamento establecerá las formas de suplir las faltas temporales y
absolutas.
Artículo 195. Durante el receso de la Asamblea
funcionará la Comisión Delegada integrada por el Presidente=
o
Presidenta, los Vicepresidentes o Vicepresidentas y los Presidentes o
Presidentas de las Comisiones Permanentes.
Artículo 196. Son atribuciones de la
Comisión Delegada:
- Convocar la Asamblea Naci=
onal
a sesiones extraordinarias, cuando así lo exija la importanci=
a de
algún asunto.
- Autorizar al Presidente o
Presidenta de la República para salir del territorio nacional=
.
- Autorizar al Ejecutivo
Nacional para decretar créditos adicionales.
- Designar Comisiones
temporales integradas por miembros de la Asamblea.
- Ejercer las funciones de
investigación atribuidas a la Asamblea.
- Autorizar al Ejecutivo
Nacional por el voto favorable de las dos terceras partes de sus
integrantes para crear, modificar o suspender servicios públi=
cos
en caso de urgencia comprobada.
- Las demás que
establezcan esta Constitución y la ley.
Sección
Tercera: De los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional<=
/span>
Artículo 197. Los diputados o diputadas a la
Asamblea Nacional están obligados u obligadas a cumplir sus labore=
s a
dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a
mantener una vinculación permanente con sus electores, y electoras
atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados=
e
informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar cue=
nta
anualmente de su gestión a los electores y electoras de la
circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas y
estarán sometidos o sometidas al referendo revocatorio del mandato=
en
los términos previstos en esta Constitución y en la ley sob=
re
la materia.
Artículo 198. El diputado o diputada a la Asamb=
lea
Nacional cuyo mandato fuere revocado, no podrá optar a cargos de
elección popular en el siguiente período.=
Artículo 199. Los diputados o diputadas a la
Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el
ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los elect=
ores
o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitució=
;n y
con los Reglamentos.
Artículo 200. Los diputados o diputadas a la
Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus
funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su
mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los=
o
las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativ=
a el
Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá
ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detenci&o=
acute;n
y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un
parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondr&aacu=
te;
bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hech=
o al
Tribunal Supremo de Justicia.
Los
funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la
inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrir&aacu=
te;n
en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de
conformidad con la ley.
Artículo 201. Los diputados o diputadas son
representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o
sujetas a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su
voto en la Asamblea Nacional es personal.
Sección
Cuarta: De la Formación de las Leyes
Artículo 202. La ley es el acto sancionado por =
la
Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan
sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se
podrán denominar códigos.
Artículo 203. Son leyes orgánicas las que
así denomina esta Constitución; las que se dicten para
organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos
constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes.<=
/o:p>
Todo
proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución
califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Naci=
onal,
por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes presentes
antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Es=
ta
votación calificada se aplicará también para la
modificación de las leyes orgánicas.
Las
leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de orgánicas
serán remitidas, antes de su promulgación a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie ac=
erca
de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala
Constitucional decidirá en el término de diez días
contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. Si la =
Sala
Constitucional declara que no es orgánica la ley perderá es=
te
carácter.
Son
leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres
quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices,
propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o
Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes
habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio.
Artículo 204. La iniciativa de las leyes
corresponde:
- Al Poder Ejecutivo Nacion=
al.
- A la Comisión Dele=
gada
y a las Comisiones Permanentes.
- A los y las integrantes d=
e la
Asamblea Nacional, en número no menor de tres.
- Al Tribunal Supremo de
Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organizació=
n y
procedimientos judiciales.
- Al Poder Ciudadano, cuand=
o se
trate de leyes relativas a los órganos que lo integran. =
- Al Poder Electoral, cuand=
o se
trate de leyes relativas a la materia electoral. <=
/li>
- A los electores y elector=
as
en un número no menor del cero coma uno por ciento de los
inscritos e inscritas en el registro civil y electoral. <=
/span>
- Al Consejo Legislativo,
cuando se trate de leyes relativas a los Estados. =
Artículo 205. La discusión de los proyec=
tos
de ley presentados por los electores y electoras conforme a lo dispuesto =
en
el artículo anterior, se iniciará a más tardar en el
período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado=
. Si
el debate no se inicia dentro de dicho lapso, el proyecto se someter&aacu=
te;
a referendo aprobatorio de conformidad con la ley.
Artículo 206. Los Estados serán consulta=
dos
por la Asamblea Nacional, a través del Consejo Legislativo, cuando=
se
legisle en materias relativas a los mismos. La ley establecerá los
mecanismos de consulta a la sociedad civil y demás instituciones de
los Estados, por parte del Consejo en dichas materias.<=
/p>
Artículo 207. Para convertirse en ley todo proy=
ecto
recibirá dos discusiones, en días diferentes, siguiendo las
reglas establecidas en esta Constitución y en los reglamentos
respectivos. Aprobado el proyecto, el Presidente o Presidenta de la Asamb=
lea
Nacional declarará sancionada la ley.
Artículo 208. En la primera discusión se
considerará la exposición de motivos y se evaluarán =
sus
objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la
ley, y se discutirá el articulado. Aprobado en primera
discusión el proyecto será remitido a la comisión
directamente relacionada con la materia objeto de la ley. En caso de que =
el
proyecto de ley esté relacionado con varias comisiones permanentes=
, se
designará una comisión mixta para realizar el estudio y
presentar el informe.
Las
comisiones que estudien proyectos de ley presentarán el informe
correspondiente en un plazo no mayor de treinta días consecutivos.=
Artículo 209. Recibido el informe de la
comisión correspondiente, se dará inicio a la segunda
discusión del proyecto de ley, la cual se realizará
artículo por artículo. Si se aprobare sin modificaciones, q=
uedará
sancionada la ley. En caso contrario, si sufre modificaciones, se
devolverá a la Comisión respectiva para que ésta las
incluya en un plazo no mayor de quince días continuos; leíd=
a la
nueva versión del proyecto de ley en la plenaria de la Asamblea
Nacional, ésta decidirá por mayoría de votos lo que =
fuere
procedente respecto a los artículos en que hubiere discrepancia y a
los que tuvieren conexión con éstos. Resuelta la discrepanc=
ia,
la Presidencia declarará sancionada la ley.
Artículo 210. La discusión de los proyec=
tos
que quedaren pendientes al término de las sesiones, podrá
continuarse en las sesiones siguientes o en sesiones extraordinarias.
Artículo 211. La Asamblea Nacional o las Comisi=
ones
Permanentes, durante el procedimiento de discusión y aprobaci&oacu=
te;n
de los proyectos de leyes, consultarán a los otros órganos =
del
Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para
oír su opinión sobre los mismos. Tendrán derecho de
palabra en la discusión de las leyes los Ministros o Ministras en
representación del Poder Ejecutivo; el magistrado o magistrada del
Tribunal Supremo de Justicia a quien éste designe, en
representación del Poder Judicial; el o la representante del Poder
Ciudadano designado o designada por el Consejo Moral Republicano; los o l=
as
integrantes del Poder Electoral; los Estados a través de un o una
representante designado o designada por el Consejo Legislativo y los o las
representantes de la sociedad organizada, en los términos que
establezca el Reglamento de la Asamblea Nacional.
Artículo 212. Al texto de las leyes
precederá la siguiente fórmula: «La Asamblea Nacional=
de
la República Bolivariana de Venezuela, decreta:».=
Artículo 213. Una vez sancionada la ley, se
extenderá por duplicado con la redacción final que haya
resultado de las discusiones. Ambos ejemplares serán firmados por =
el
Presidente o Presidenta, los dos Vicepresidentes o Vicepresidentas y el
Secretario o Secretaria de la Asamblea Nacional, con la fecha de su
aprobación definitiva. Uno de los ejemplares de la ley será
enviado por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional al Preside=
nte
o Presidenta de la República a los fines de su promulgación=
.
Artículo 214. El Presidente o Presidenta de la
República promulgará la ley dentro de los diez días
siguientes a aquél en que la haya recibido. Dentro de ese lapso po=
drá,
con acuerdo del Consejo de Ministros, solicitar a la Asamblea Nacional,
mediante exposición razonada, que modifique alguna de las
disposiciones de la ley o levante la sanción a toda la ley o a par=
te
de ella.
La Asamblea Nacional decidirá acerca de los
aspectos planteados por el Presidente o Presidenta de la República,
por mayoría absoluta de los diputados o diputadas presentes y le
remitirá la ley para la promulgación.
El
Presidente o Presidenta de la República debe proceder a promulgar =
la
ley dentro de los cinco días siguientes a su recibo, sin poder
formular nuevas observaciones.
Cuando
el Presidente o Presidenta de la República considere que la ley o
alguno de sus artículos es inconstitucional solicitarán el
pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justici=
a,
en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma. El
Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de quin=
ce
días contados desde el recibo de la comunicación del Presid=
ente
o Presidenta de la República. Si el Tribunal negare la
inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el
Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley
dentro de los cinco días siguientes a la decisión del Tribu=
nal
o al vencimiento de dicho lapso.
Artículo
215. La Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente
«Cúmplase» en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.
Artículo 216. Cuando el Presidente o Presidenta=
de
la República no promulgare la ley en los lapsos señalados, =
el
Presidente o Presidenta y los dos Vicepresidentes o Vicepresidentas de la
Asamblea Nacional procederán a su promulgación sin perjuici=
o de
la responsabilidad en que aquél o aquella incurriere por su
omisión.
Artículo 217. La oportunidad en que deba ser
promulgada la ley aprobatoria de un tratado, de un acuerdo o de un conven=
io
internacional, quedará a la discreción del Ejecutivo Nacion=
al,
de acuerdo con los usos internacionales y la conveniencia de la
República.
Artículo 218. Las leyes se derogan por otras le=
yes
y se abrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en esta
Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La
ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto
que incorpore las modificaciones aprobadas.
Sección
Quinta: De los Procedimientos
Artículo 219. El primer período de las
sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará, sin
convocatoria previa, el cinco de enero de cada año o el día
posterior más inmediato posible y durará hasta el quince de
agosto.
El
segundo período comenzará el quince de septiembre o el
día posterior más inmediato posible y terminará el
quince de diciembre.
Artículo 220. La Asamblea Nacional se
reunirá en sesiones extraordinarias para tratar las materias
expresadas en la convocatoria y las que les fueren conexas. También
podrá considerar las que fueren declaradas de urgencia por la
mayoría de sus integrantes.
Artículo 221. Los requisitos y procedimientos p=
ara
la instalación y demás sesiones de la Asamblea Nacional, y =
para
el funcionamiento de sus comisiones, serán determinados por el
Reglamento.
El
quórum no podrá ser en ningún caso inferior a la
mayoría absoluta de los y las integrantes de la Asamblea Nacional.=
Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá
ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: =
las
interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y=
las
aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la=
ley
y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su
Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declara=
r la
responsabilidad política de los funcionarios públicos o
funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente l=
as
acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.
Artículo 223. La Asamblea o sus Comisiones
podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las
materias de su competencia, de conformidad con el Reglamento.<=
/span>
Todos
los funcionarios públicos o funcionarias públicas est&aacut=
e;n
obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a
comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y
documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.
Esta
obligación comprende también a los y las particulares; a
quienes se les respetarán los derechos y garantías que esta
Constitución reconoce.
Artículo 224. El ejercicio de la facultad de
investigación no afecta las atribuciones de los demás poder=
es
públicos. Los jueces o juezas estarán obligados u obligadas=
a
evacuar las pruebas para las cuales reciban comisión de la Asamblea
Nacional o de sus Comisiones.
Capítulo II
Del
Poder Ejecutivo Nacional
Sección
Primera: Del Presidente o Presidenta de la República
Artículo
225. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presidenta de la
República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva,=
los
Ministros o Ministras y demás funcionarios o funcionarias que
determinen esta Constitución y la ley.
Artículo 226. El Presidente o Presidenta de la
República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en
cuya condición dirige la acción del Gobierno.
Artículo
227. Para ser elegido Presidente o Presidenta de la República se
requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacio=
nalidad,
ser mayor de treinta años, de estado seglar y no estar sometido o
sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con=
los
demás requisitos establecidos en esta Constitución.
Artículo 228. La elección del Presidente=
o
Presidenta de la República se hará por votación
universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamar&aac=
ute;
electo o electa el candidato o la candidata que hubiere obtenido la
mayoría de votos válidos.
Artículo 229. No podrá ser elegido
Presidente o elegida Presidenta de la República quien esté =
de
ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiv=
a,
Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora y Alcalde o Alcaldesa, en el
día de su postulación o en cualquier momento entre esta fec=
ha y
la de la elección.
Artículo 230. El período presidencial es=
de
seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede=
ser
reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo
período.
Artículo 231. El candidato elegido o candidata =
elegida
tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la
República el diez de enero del primer año de su perí=
odo
constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por
cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la Repú=
blica
no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará
ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 232. El Presidente o Presidenta de la
República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a su cargo.
Está
obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y
libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la
independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la
República. La declaración de los estados de excepció=
n no
modifica el principio de su responsabilidad, ni la del Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, ni la de los Ministros o Ministras,=
de
conformidad con esta Constitución y con la ley.<=
/p>
Artículo 233. Serán faltas absolutas del
Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o=
su
destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justic=
ia,
su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta
médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con
aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declara=
do
como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación
popular de su mandato.
Cuando
se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa a=
ntes
de tomar posesión, se procederá a una nueva elección
universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutiv=
os
siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente =
o la
nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la
República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.=
Si
la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República se
produce durante los primeros cuatro años del período
constitucional, se procederá a una nueva elección universal,
directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguient=
es.
Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva
Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República =
el
Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva.=
En
los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará =
el
período constitucional correspondiente.
Si
la falta absoluta se produce durante los últimos dos años d=
el
período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresiden=
ta
Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta
completar dicho período.
Artículo 234. Las faltas temporales del Preside=
nte
o Presidenta de la República serán suplidas por el
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa
días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por
noventa días más.
Si
una falta temporal se prolonga por más de noventa días
consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de =
sus
integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta=
Artículo 235. La ausencia del territorio nacion=
al
por parte del Presidente o Presidenta de la República requiere
autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Deleg=
ada,
cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivo=
s.
Sección
Segunda: De las Atribuciones del Presidente o Presidenta de la
República
Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones d=
el
Presidente o Presidenta de la República:
- Cumplir y hacer cumplir e=
sta
Constitución y la ley.
- Dirigir la acción =
del
Gobierno.
- Nombrar y remover al
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, nombrar y remov=
er
los Ministros o Ministras.
- Dirigir las relaciones
exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratado=
s,
convenios o acuerdos internacionales.
- Dirigir las Fuerza Armada
Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la sup=
rema
autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente.
- Ejercer el mando supremo =
de
la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado=
de
coronel o coronela o capitán o capitana de navío, y
nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son privativos.
- Declarar los estados de
excepción y decretar la restricción de garantía=
s en
los casos previstos en esta Constitución. <=
/li>
- Dictar, previa
autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de =
ley.
- Convocar
a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.
- Reglamentar total o
parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propó=
sito
y razón.
- Administrar la Hacienda
Pública Nacional.
- Negociar los
empréstitos nacionales.
- Decretar créditos
adicionales al Presupuesto, previa autorización de la Asamblea
Nacional o de la Comisión Delegada.
- Celebrar los contratos de
interés nacional conforme a esta Constitución y la ley=
.
- Designar, previa
autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión
Delegada, al Procurador o Procuradora General de la República=
y a
los jefes o jefas de las misiones diplomáticas permanentes. <=
o:p>
- Nombrar y remover a aquel=
los
funcionarios o aquellas funcionarias cuya designación le
atribuyen esta Constitución y la ley.
- Dirigir a la Asamblea
Nacional, personalmente o por intermedio del Vicepresidente Ejecutiv=
o o
Vicepresidenta Ejecutiva, informes o mensajes especiales.
- Formular el Plan Nacional=
de
Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de=
la
Asamblea Nacional.
- Conceder indultos. <=
/o:p>
- Fijar el número,
organización y competencia de los ministerios y otros organis=
mos
de la Administración Pública Nacional, así como
también la organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados =
por
la correspondiente ley orgánica.
- Disolver la Asamblea Naci=
onal
en el supuesto establecido en esta Constitución. <=
/span>
- Convocar referendos en los
casos previstos en esta Constitución.
- Convocar y presidir el
Consejo de Defensa de la Nación.
- Las demás que le s=
eñale
esta Constitución y la ley.
El
Presidente o Presidenta de la República ejercerá en Consejo=
de
Ministros las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10,=
12,
13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en
igual forma.
Los
actos del Presidente o Presidenta de la República, con
excepción de los señalados en los ordinales 3 y 5, ser&aacu=
te;n
refrendados para su validez por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepreside=
nta
Ejecutiva y el Ministro o Ministra o Ministros o Ministras respectivos.
Artículo 237. Dentro de los diez primeros
días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en
sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de la República
presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje =
en
que dará cuenta de los aspectos políticos, económico=
s,
sociales y administrativos de su gestión durante el año
inmediatamente anterior.
Sección
Tercera: Del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva
Artículo 238. El Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva es órgano directo y colaborador inmediato=
del
Presidente o Presidenta de la República en su condición de =
Jefe
o Jefa del Ejecutivo Nacional.
El Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva reunirán las mismas condiciones exigidas =
para
ser Presidente o Presidenta de la República, y no podrá ten=
er
ningún parentesco de consanguinidad ni de afinidad con éste=
.
Artículo
239. Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva:
- Colaborar con el Presiden=
te o
Presidenta de la República en la dirección de la
acción del Gobierno.
- Coordinar la
Administración Pública Nacional de conformidad con las
instrucciones del Presidente o Presidenta de la República.
- Proponer al Presidente o
Presidenta de la República el nombramiento y la remoció=
;n
de los Ministros.
- Presidir, previa
autorización del Presidente o Presidenta de la Repúbli=
ca,
el Consejo de Ministros o Ministras.
- Coordinar las relaciones =
del
Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional.
- Presidir el Consejo Feder=
al
de Gobierno.
- Nombrar y remover, de
conformidad con la ley, los funcionarios o funcionarias nacionales c=
uya
designación no esté atribuida a otra autoridad. <=
/o:p>
- Suplir las faltas tempora=
les
del Presidente o Presidenta de la República.
- Ejercer las atribuciones =
que
le delegue el Presidente o Presidenta de la República. <=
/o:p>
- Las demás que le
señalen esta Constitución y la ley. =
Artículo
240. La aprobación de una moción de censura al Vicepresiden=
te
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, por una votación no menor de=
las
tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, implica su
remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no
podrá optar al cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva, o de Ministro o Ministra por el resto del período presi=
dencial.
La remoción del
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en tres oportunidades
dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la
aprobación de mociones de censura, faculta al Presidente o Preside=
nta
de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de
disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva
legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su
disolución.
La Asamblea no podrá ser
disuelta en el último año de su período constitucion=
al.
Artículo
241. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva es responsabl=
e de
sus actos de conformidad con esta Constitución y con la ley.<=
/o:p>
Sección
Cuarta: De los Ministros o Ministras y del Consejo de Ministros
Artículo 242. Los Ministros o Ministras son
órganos directos del Presidente o Presidenta de la Repúblic=
a, y
reunidos o reunidas conjuntamente con este o ésta y con el
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, integran el Consejo =
de
Ministros.
El
Presidente o Presidenta de la República presidirá las reuni=
ones
del Consejo de Ministros, pero podrá autorizar al Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva para que las presida cuando no pueda
asistir a ellas. Las decisiones adoptadas deberán ser ratificadas =
por
el Presidente o Presidenta de la República para su validez.
De
las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y los Ministros o
Ministras que hubieren concurrido, salvo aquellos o aquellas que hayan he=
cho
constar su voto adverso o negativo.
Artículo 243. El Presidente o Presidenta de la
República podrá nombrar Ministros o Ministras de Estado, lo=
s o
las cuales, además de participar en el Consejo de Ministros
asesorarán al Presidente o Presidenta de la República y al
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en los asuntos que le
fueren asignados.
Artículo 244. Para ser Ministro o Ministra se
requiere poseer la nacionalidad venezolana y ser mayor de veinticinco
años, con las excepciones establecidas en esta Constitución=
.
Los
Ministros o Ministras son responsables de sus actos de conformidad con es=
ta
Constitución y con la ley, y presentarán ante la Asamblea
Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada año, =
una
memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el
año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley.=
Artículo 245. Los Ministros o Ministras tienen
derecho de palabra en la Asamblea Nacional y en sus comisiones. Podr&aacu=
te;n
tomar parte en los debates de la Asamblea Nacional, sin derecho al voto.<=
o:p>
Artículo 246. La aprobación de una
moción de censura a un Ministro o Ministra por una votación=
no
menor de las tres quintas partes de los o las integrantes presentes de la
Asamblea Nacional, implica su remoción. El funcionario removido o
funcionaria removida no podrá optar al cargo de Ministro o Ministr=
a,
de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva por el resto del
período presidencial.
Sección
Quinta: De la Procuraduría General de la República
Artículo 247. La Procuraduría General de=
la
República asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialm=
ente
los intereses patrimoniales de la República, y será consult=
ada
para la aprobación de los contratos de interés públi=
co
nacional.
La
ley orgánica determinará su organización, competenci=
a y
funcionamiento.
Artículo 248. La Procuraduría General de=
la
República estará a cargo y bajo la dirección del
Procurador o Procuradora General de la República, con la
colaboración de los demás funcionarios o funcionarias que
determine su ley orgánica.
Artículo 249. El Procurador o Procuradora Gener=
al
de la República reunirá las mismas condiciones exigidas para
ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Será
nombrado o nombrada por el Presidente o Presidenta de la República=
con
la autorización de la Asamblea Nacional.
Artículo 250. El Procurador o Procuradora Gener=
al
de la República asistirá, con derecho a voz, a las reuniones
del Consejo de Ministros.
Sección
Sexta: Del Consejo de Estado
Artículo 251. El Consejo de Estado es el
órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administraci&oacu=
te;n
Pública Nacional. Será de su competencia recomendar
políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que=
el
Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial
trascendencia y requieran de su opinión.
La
ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones.
Artículo 252. El Consejo de Estado lo preside el
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y estará
conformado, además, por cinco personas designadas por el President=
e o
Presidenta de la República; un o una representante designado o
designada por la Asamblea Nacional; un o una representante designado o
designada por el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador designado o
gobernadora designada por el conjunto de mandatarios o mandatarias estada=
les.
Capítulo III
Del
Poder Judicial y del Sistema de Justicia
Sección
Primera: Disposiciones Generales
Artículo 253. La potestad de administrar justic=
ia
emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la
República por autoridad de la ley.
Corresponde
a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos d=
e su
competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecu=
tar
o hacer ejecutar sus sentencias.
El
sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de
Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio
Público, la Defensoría Pública, los órganos de
investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcion=
arias
de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justici=
a,
los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de
justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autoriza=
das
para el ejercicio.
Artículo 254. El Poder Judicial es independient=
e y
el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcion=
al,
financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general=
del
Estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual
variable, no menor del dos por ciento del presupuesto ordinario nacional,
para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o
modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. El Pod=
er
Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni ex=
igir
pago alguno por sus servicios.
Artículo 255. El ingreso a la carrera judicial =
y el
ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos de
oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de
los o las participantes y serán seleccionados o seleccionadas por =
los
jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establ=
ezca
la ley. El nombramiento y juramento de los jueces o juezas corresponde al
Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participaci&oa=
cute;n
ciudadana en el procedimiento de selección y designación de=
los
jueces o juezas. Los jueces o juezas sólo podrán ser removi=
dos
o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente
previstos en la ley.
La
ley propenderá a la profesionalización de los jueces o juez=
as y
las universidades colaborarán en este propósito, organizand=
o en
los estudios universitarios de Derecho la especialización judicial
correspondiente.
Los
jueces o juezas son personalmente responsables, en los términos que
determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificados, por la
inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación,
parcialidad, y por los delitos de cohecho y prevaricación en que
incurran en el desempeño de sus funciones.
Artículo 256. Con la finalidad de garantizar la
imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los
magistrados o las magistradas, los jueces o las juezas, los fiscales o las
fiscalas del Ministerio Público; y los defensores públicos o
las defensoras públicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta=
su
egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del vot=
o,
llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de
índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas
incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta
persona, ni ejercer ninguna otra función pública a
excepción de actividades educativas.
Los
jueces o juezas no podrán asociarse entre sí.
Artículo 257. El proceso constituye un instrume=
nto
fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesal=
es
establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de l=
os
trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y
público. No se sacrificará la justicia por la omisió=
n de
formalidades no esenciales.
Artículo 258. La ley organizará la justi=
cia
de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegid=
os o
elegidas por votación universal, directa y secreta , conforme a la
ley.
La
ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la
mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la
solución de conflictos.
Artículo 259. La jurisdicción contencioso
administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los
demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la
jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular
los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho,
incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dine=
ro y
a la reparación de daños y perjuicios originados en respons=
abilidad
de la Administración; conocer de reclamos por la prestación=
de
servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimien=
to
de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad
administrativa.
Artículo 260. Las autoridades legítimas =
de
los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat
instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que
sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y
procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución=
, a
la ley y al orden público. La ley determinará la forma de
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema
judicial nacional.
Artículo 261. La jurisdicción penal mili=
tar
es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán
seleccionados o seleccionadas por concurso. Su ámbito de competenc=
ia,
organización y modalidades de funcionamiento, se regirán po=
r el
sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código
Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comune=
s,
violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad,
serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los
tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.
La
ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la
competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cu=
anto
no esté previsto en esta Constitución.
Sección
Segunda: Del Tribunal Supremo de Justicia
Artículo 262. El Tribunal Supremo de Justicia
funcionará en Sala Plena y en las Salas Constitucional,
Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de
Casación Penal y de Casación Social, cuyas integraciones y
competencias serán determinadas por su ley orgánica.
La
Sala Social comprenderá lo referente a la casación agraria,
laboral y de menores.
Artículo 263. Para ser magistrado o magistrada =
del
Tribunal Supremo de Justicia se requiere:
- Tener la nacionalidad
venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. =
- Ser ciudadano o ciudadana=
de
reconocida honorabilidad.
- Ser jurista de reconocida
competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la
abogacía durante un mínimo de quince años y ten=
er
título universitario de postgrado en materia jurídica;=
o
haber sido profesor universitario o profesora universitaria en cienc=
ia
jurídica durante un mínimo de quince años y ten=
er
la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber s=
ido
juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala p=
ara
la cual se postula, con un mínimo de quince años en el
ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el
desempeño de sus funciones.
- Cualesquiera otros requis=
itos
establecidos por la ley.
Artículo 264. Los magistrados o magistradas del
Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un
único período de doce años. La ley determinará=
; el
procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse
candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales,
por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad
jurídica. El Comité, oída la opinión de la
comunidad, efectuará una preselección para su
presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segu=
nda
preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la
cual hará la selección definitiva.
Los
ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a
cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de
Postulaciones Judiciales, o ante la Asamblea Nacional.<=
/p>
Artículo 265. Los magistrados o magistradas del
Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por =
la
Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terce=
ras
partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o
interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadan=
o,
en los términos que la ley establezca.
Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Sup=
remo
de Justicia:
- Ejercer la
jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de
esta Constitución.
- Declarar si hay o no
mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de =
la
República o quien haga sus veces, y en caso afirmativo, conti=
nuar
conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea
Nacional, hasta sentencia definitiva.
- Declarar si hay o no
mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea
Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros=
o
Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fis=
cal
General, del Contralor o Contralora General de la República, =
del
Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras,
oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de =
los
jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República=
y,
en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o a la Fiscal Genera=
l de
la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si=
el
delito fuere común, continuará conociendo de la causa
hasta la sentencia definitiva.
- Dirimir las controversias
administrativas que se susciten entre la República, alg&uacut=
e;n
Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte s=
ea
alguna de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversi=
as
entre Municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podr&aac=
ute;
atribuir su conocimiento a otro tribunal.
- Declarar la nulidad total=
o
parcial de los reglamentos y demás actos administrativos
generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea proceden=
te.
- Conocer de los recursos de
interpretación sobre el contenido y alcance de los textos
legales, en los términos contemplados en la ley. <=
/span>
- Decidir los conflictos de
competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no
exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden
jerárquico.
- Conocer del recurso de
casación.
- Las demás que
establezca la ley.
La
atribución señalada en el numeral 1 será ejercida po=
r la
Sala Constitucional; las señaladas en los numerales 2 y 3, en Sala
Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5 en Sala Político
Administrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por =
las
diversas Salas conforme a lo previsto en esta Constitución y la le=
y.
Sección
Tercera: Del Gobierno y de la Administración del Poder Judicial
Artículo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de
Justicia la dirección, el gobierno y la administración del
Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la
República y de las Defensorías Públicas. Igualmente,=
le
corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupu=
esto
y del presupuesto del Poder Judicial.
La
jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los
tribunales disciplinarios que determine la ley.
El
régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o
juezas estará fundamentado en el Código de Ética del
Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacion=
al.
El procedimiento disciplinario será público, oral y breve,
conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que
establezca la ley.
Para
el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno
creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus
oficinas regionales.
Artículo 268. La ley establecerá la
autonomía y organización, funcionamiento, disciplina e
idoneidad del servicio de defensa pública, con el objeto de asegur=
ar
la eficacia del servicio y de garantizar los beneficios de la carrera del
defensor o defensora.
Artículo 269. La ley regulará la
organización de circuitos judiciales, así como la
creación y competencias de tribunales y cortes regionales a fin de=
promover
la descentralización administrativa y jurisdiccional del Poder
Judicial.
Artículo 270. El Comité de Postulaciones
Judiciales es un órgano asesor del Poder Ciudadano para la
selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistrad=
as
del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a los cole=
gios
electorales judiciales para la elección de los jueces o juezas de =
la
jurisdicción disciplinaria. El Comité de Postulaciones
Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes s=
ectores
de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley.
Artículo 271. En ningún caso podrá
ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras
responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, droga=
s,
delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio
público de otros Estados y contra los derechos humanos. No
prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los del=
itos
contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el
tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judic=
ial,
serán confiscados los bienes provenientes de las actividades
relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el
tráfico de estupefacientes.
El
procedimiento referente a los delitos mencionados será públ=
ico,
oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la
autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventi=
vas
necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósi=
tas personas,
a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil.
Artículo 272. El Estado garantizará un
sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o
interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimien=
tos
penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, =
el
deporte y la recreación, funcionarán bajo la direcció=
;n
de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas
universitarias, y se regirán por una administración descent=
ralizada,
a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a
modalidades de privatización. En general, se preferirá en e=
llos
el régimen abierto y el carácter de colonias agrícol=
as
penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas=
no
privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medid=
as
de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones
indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la
reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la
creación de un ente penitenciario con carácter autón=
omo
y con personal exclusivamente técnico.
Capítulo IV
Del
Poder Ciudadano
Sección
Primera: Disposiciones Generales
Artículo 273. El Poder Ciudadano se ejerce por =
el
Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor o Defensora del Puebl=
o,
el Fiscal o la Fiscal General y el Contralor o Contralora General de la
República.
Los
órganos del Poder Ciudadano son la Defensoría del Pueblo, el
Ministerio Público y la Contraloría General de la
República, uno o una de cuyos o cuyas titulares será design=
ado
o designada por el Consejo Moral Republicano como su Presidente o Preside=
nta
por períodos de un año, pudiendo ser reelegido o reelegida.=
El
Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de
autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, de=
ntro
del presupuesto general del Estado se le asignará una partida anual
variable.
Su
organización y funcionamiento se establecerá en ley
orgánica.
Artículo 274. Los órganos que ejercen el
Poder Ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con esta
Constitución y con la ley, prevenir, investigar y sancionar los he=
chos
que atenten contra la ética pública y la moral administrati=
va;
velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio=
público,
el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en t=
oda
la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la
educación como proceso creador de la ciudadanía, así
como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad socia=
l y
el trabajo.
Artículo 275. Los o las representantes del Cons=
ejo
Moral Republicano formularán a las autoridades, funcionarios o
funcionarias de la Administración Pública, las advertencias
sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones legales. De no
acatarse estas advertencias, el Consejo Moral Republicano, podrá
imponer las sanciones establecidas en la ley. En caso de contumacia, el
presidente o presidenta del Consejo Moral Republicano presentará un
informe al órgano o dependencia al cual esté adscrito o
adscrita el funcionario público o la funcionaria pública, p=
ara
que esa instancia tome los correctivos de acuerdo con el caso sin perjuic=
io
de las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con la ley.
Artículo 276. El Presidente o Presidenta del
Consejo Moral Republicano y los o las titulares de los órganos del
Poder Ciudadano presentarán un informe anual ante la Asamblea Naci=
onal
en sesión plenaria. Así mismo, presentarán los infor=
mes
que en cualquier momento les sean solicitados por la Asamblea Nacional.
Tanto
los informes ordinarios como los extraordinarios se publicarán.
Artículo 277. Todos los funcionarios o funciona=
rias
de la Administración Pública están obligados u
obligadas, bajo las sanciones que establezcan la ley, a colaborar con
carácter preferente y urgente con los o las representantes del Con=
sejo
Moral Republicano en sus investigaciones. Este podrá solicitarles =
las
declaraciones y documentos que consideren necesarios para el desarrollo de
sus funciones, incluidos aquellos que hayan sido clasificados o catalogad=
os
con carácter confidencial o secreto de acuerdo con la ley. En todo
caso, el Poder Ciudadano sólo podrá suministrar la
información contenida en documentos confidenciales o secretos medi=
ante
los procedimientos que establezca la ley.
Artículo 278. El Consejo Moral Republicano
promoverá todas aquellas actividades pedagógicas dirigidas =
al
conocimiento y estudio de esta Constitución, al amor a la patria, a
las virtudes cívicas y democráticas, a los valores trascend=
entales
de la República y a la observancia y respeto de los derechos human=
os.
Artículo 279. El Consejo Moral Republicano
convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones d=
el
Poder Ciudadano, el cual estará integrado por representantes de
diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso púb=
lico
de cuyo resultado se obtendrá una terna por cada órgano del
Poder Ciudadano, la cual será sometida a la consideración d=
e la
Asamblea Nacional. Esta, mediante el voto favorable de las dos terceras
partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta
días continuos, al o a la titular del órgano del Poder
Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este laps=
o no
hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la
terna a consulta popular.
En
caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de
Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá,
dentro del plazo que determine la ley, a la designación del titula=
r o
la titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente.
Los
o las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos por la Asamb=
lea
Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acu=
erdo
con lo establecido en la ley.
Sección
Segunda: De la Defensoría del Pueblo
Artículo 280. La Defensoría del Pueblo t=
iene
a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y
garantías establecidos en esta Constitución y los tratados
internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses
legítimos, colectivos o difusos, de los ciudadanos y ciudadanas.
La
Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y
responsabilidad del Defensor o Defensora del Pueblo, quien será
designado o designada por un único período de siete
años.
Para
ser Defensor o Defensora del Pueblo se requiere ser venezolano o venezola=
na
por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años, con
manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cump=
lir
con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca =
la
ley. Las faltas absolutas o temporales del Defensor o Defensora del Pueblo
serán cubiertas de acuerdo con lo dispuesto en la ley.<=
/span>
Artículo 281. Son atribuciones del Defensor o
Defensora del Pueblo:
- Velar por el efectivo res=
peto
y garantía de los derechos humanos consagrados en esta Consti=
tución
y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derech=
os
humanos ratificados por la República, investigando de oficio =
o a
instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento.
- Velar por el correcto
funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger =
los
derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las
personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores
cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando
fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el
resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les
sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios
públicos.
- Interponer
las acciones de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus,
hábeas data y las demás acciones o recursos necesarios
para ejercer las atribuciones señaladas en los numerales
anteriores, cuando fuere procedente de conformidad con la ley. =
- Instar al Fiscal o a la
Fiscal General de la República para que intente las acciones o
recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos=
o
funcionarias públicas, responsables de la violación o
menoscabo de los derechos humanos.
- Solicitar al Consejo Moral
Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto de l=
os
funcionarios públicos o funcionarias públicas responsa=
bles
por la violación o menoscabo de los derechos humanos.
- Solicitar ante el
órgano competente la aplicación de los correctivos y l=
as
sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos
del público consumidor y usuario, de conformidad con la ley. =
- Presentar ante los
órganos legislativos municipales, estadales o nacionales,
proyectos de ley u otras iniciativas para la protección
progresiva de los derechos humanos.
- Velar por los derechos de=
los
pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para su
garantía y efectiva protección.
- Visitar e inspeccionar las
dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, a =
fin
de garantizar la protección de los derechos humanos.
- Formular ante los
órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones
necesarias para la eficaz protección de los derechos humanos,=
en
virtud de lo cual desarrollará mecanismos de comunicaci&oacut=
e;n
permanente con órganos públicos o privados, nacionales=
e
internacionales, de protección y defensa de los derechos huma=
nos.
- Promover y ejecutar
políticas para la difusión y efectiva protecció=
n de
los derechos humanos.
- Las demás que
establezcan esta Constitución y la ley.
Artículo 282. El Defensor o Defensora del Pueblo
gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y, por lo tan=
to,
no podrá ser perseguido o perseguida, detenido o detenida, ni
enjuiciado o enjuiciada por actos relacionados con el ejercicio de sus
funciones. En cualquier caso conocerá de manera privativa el Tribu=
nal
Supremo de Justicia.
Artículo 283. La ley determinará lo rela=
tivo
a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pue=
blo
en el ámbito municipal, estadal, nacional y especial. Su actividad=
se
regirá por los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad,
informalidad e impulso de oficio.
Sección
Tercera: Del Ministerio Público
Artículo 284. El Ministerio Público
estará bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal o la
Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuci=
ones
directamente con el auxilio de los funcionarios o funcionarias que determ=
ine
la ley.
Para
ser Fiscal General de la República se requieren las mismas condici=
ones
de elegibilidad de los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de
Justicia. El Fiscal o la Fiscal General de la República será
designado o designada para un período de siete años.
Artículo 285. Son atribuciones del Ministerio
Público:
- Garantizar en los procesos
judiciales el respeto a los derechos y garantías
constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerd=
os
internacionales suscritos por la República.
- Garantizar la celeridad y
buena marcha de la administración de justicia, el juicio prev=
io y
el debido proceso.
- Ordenar y dirigir la
investigación penal de la perpetración de los hechos
punibles para hacer constar su comisión con todas las
circunstancias que puedan influir en la calificación y
responsabilidad de los autores o las autoras y demás
participantes, así como el aseguramiento de los objetos activ=
os y
pasivos relacionados con la perpetración. <=
/li>
- Ejercer en nombre del Est=
ado
la acción penal en los casos en que para intentarla o prosegu=
irla
no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones
establecidas en la ley.
- Intentar las acciones a q=
ue
hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral,
militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incur=
rido
los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo
del ejercicio de sus funciones.
- Las demás que
establezcan esta Constitución y la ley.
Estas
atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que
corresponden a los o las particulares o a otros funcionarios o funcionari=
as
de acuerdo con esta Constitución y la ley.
Artículo 286. La ley determinará lo rela=
tivo
a la organización y funcionamiento del Ministerio Público en
los ámbitos municipal, estadal y nacional, proveerá lo
conducente para asegurar la idoneidad, probidad y estabilidad de los fisc=
ales
o las fiscales del Ministerio Público. Asimismo establecerá=
las
normas para garantizar un sistema de carrera para el ejercicio de su
función.
Sección
Cuarta: De la Contraloría General de la República
Artículo 287. La Contraloría General de =
la
República es el órgano de control, vigilancia y
fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bi=
enes
nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Go=
za
de autonomía funcional, administrativa y organizativa, y orienta su
actuación a las funciones de inspección de los organismos y
entidades sujetas a su control.
Artículo 288. La Contraloría General de =
la
República estará bajo la dirección y responsabilidad=
del
Contralor o Contralora General de la República, quien debe ser
venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de
treinta años y con probada aptitud y experiencia para el ejercicio=
del
cargo.
El
Contralor o Contralora General de la República será designa=
do o
designada para un período de siete años.<=
/p>
Artículo 289. Son atribuciones de la Contralor&=
iacute;a
General de la República:
- Ejercer el control, la
vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes
públicos, así como las operaciones relativas a los mis=
mos,
sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órga=
nos
en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley. <=
o:p>
- Controlar la deuda
pública, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a o=
tros
órganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad
con la ley.
- Inspeccionar y fiscalizar=
los
órganos, entidades y personas jurídicas del sector
público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones,
disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el
patrimonio público, así como dictar las medidas, impon=
er los
reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de
conformidad con la ley.
- Instar al Fiscal o a la
Fiscal de la República a que ejerzan las acciones judiciales a
que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos
contra el patrimonio público y de los cuales tenga conocimien=
to
en el ejercicio de sus atribuciones.
- Ejercer el control de
gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las decision=
es y
políticas públicas de los órganos, entidades y
personas jurídicas del sector público sujetos a su con=
trol,
relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes.
- Las demás que
establezcan esta Constitución y la ley.
Artículo 290. La ley determinará lo rela=
tivo
a la organización y funcionamiento de la Contraloría Genera=
l de
la República y del sistema nacional de control fiscal.<=
/span>
Artículo 291. La Contraloría General de =
la
Fuerza Armada Nacional es parte integrante del sistema nacional de contro=
l.
Tendrá a su cargo la vigilancia, control y fiscalización de=
los
ingresos, gastos y bienes públicos afectos a la Fuerza Armada Naci=
onal
y sus órganos adscritos, sin menoscabo del alcance y competencia d=
e la
Contraloría General de la República. Su organización=
y
funcionamiento lo determinará la ley respectiva y estará ba=
jo
la dirección y responsabilidad del Contralor o Contralora General =
de
la Fuerza Armada Nacional, quien será designado o designada median=
te
concurso de oposición.
Capítulo V
Del
Poder Electoral
Artículo 292. El Poder Electoral se ejerce por =
el
Consejo Nacional Electoral como ente rector y, son organismos subordinado=
s a
éste, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro
Civil y Electoral y la Comisión de Participación
Política y Financiamiento, con la organización y el
funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva.
Artículo 293. El Poder Electoral tienen por
funciones:
- Reglamentar las leyes
electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas
susciten o contengan.
- Formular su presupuesto, =
el
cual tramitará directamente ante la Asamblea Nacional y
administrará autónomamente.
- Dictar directivas vincula=
ntes
en materia de financiamiento y publicidad político-electorale=
s y
aplicar sanciones cuando no sean acatadas.
- Declarar la nulidad total=
o
parcial de las elecciones.
- La organización,
administración, dirección y vigilancia de todos los ac=
tos
relativos a la elección de los cargos de representación
popular de los poderes públicos, así como de los
referendos.
- Organizar las elecciones =
de
sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines
políticos en los términos que señale la ley.
Así mismo, podrán organizar procesos electorales de ot=
ras
organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o p=
or
orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las
corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas
cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios.
- Mantener, organizar, diri=
gir
y supervisar el Registro Civil y Electoral.
- Organizar la
inscripción y registro de las organizaciones con fines
políticos y velar porque éstas cumplan las disposicion=
es
sobre su régimen establecidas en la Constitución y en =
la
ley. En especial, decidirá sobre las solicitudes de
constitución, renovación y cancelación de
organizaciones con fines políticos, la determinación de
sus autoridades legítimas y sus denominaciones provisionales,=
colores
y símbolos.
- Controlar, regular e
investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fi=
nes
políticos.
- Las demás que
determine la ley.
Los
órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad,
confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos
electorales, así como la aplicación de la
personalización del sufragio y la representación proporcion=
al.
Artículo 294. Los órganos del Poder
Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica,
autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de l=
os
organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana;
descentralización de la administración electoral, transpare=
ncia
y celeridad del acto de votación y escrutinios.<=
/p>
Artículo 295. El Comité de Postulaciones
Electorales de candidatos o candidatas a integrantes del Consejo Nacional
Electoral, estará integrado por representantes de los diferentes
sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley.
Artículo 296. El Consejo Nacional Electoral
estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones=
con
fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o
postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias
jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y un=
o o
una por el Poder Ciudadano.
Los
o las tres integrantes postulados o postuladas por la sociedad civil
tendrán seis suplentes en secuencia ordinal, y cada designado o
designada por las universidades y el Poder Ciudadano tendrá dos
suplentes, respectivamente. La Junta Nacional Electoral, la Comisió=
;n
de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación
Política y Financiamiento, serán presididas cada una por un=
o
una integrante postulado o postulada por la sociedad civil. Los o las int=
egrantes
del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus
funciones y serán elegidos o elegidas por separado: los tres
postulados o postuladas por la sociedad civil al inicio de cada
período de la Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mi=
smo.
Los
o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o
designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras parte=
s de
sus integrantes. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral
escogerán de su seno a su Presidente o Presidenta, de conformidad =
con
la ley.
Los
o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán removidos o
removidas por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal
Supremo de Justicia.
Artículo 297. La jurisdicción contencioso
electoral será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo=
de
Justicia y los demás tribunales que determine la ley.
Artículo 298. La ley que regule los procesos
electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso
comprendido entre el día de la elección y los seis meses
inmediatamente anteriores a la misma.
TÍTULO VI
DEL
SISTEMA SOCIO ECONÓMICO
Capítulo I
Del
Régimen Socio Económico y de la Función del Estado e=
n la
Economía
Artículo 299. El régimen
socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se
fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia,
libre competencia, protección del ambiente, productividad y
solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una
existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamen=
te
con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico =
de
la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto
valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y
fortalecer la soberanía económica del país, garantiz=
ando
la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad,
permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr =
una
justa distribución de la riqueza mediante una planificación
estratégica democrática participativa y de consulta abierta=
.
Artículo 300. La ley nacional establecerá
las condiciones para la creación de entidades funcionalmente
descentralizadas para la realización de actividades sociales o
empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad
económica y social de los recursos públicos que en ellas se
inviertan.
Artículo 301. El Estado se reserva el uso de la
política comercial para defender las actividades económicas=
de
las empresas nacionales públicas y privadas. No se podrá
otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes
más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La
inversión extranjera esta sujeta a las mismas condiciones que la i=
nversión
nacional.
Artículo 302. El Estado se reserva, mediante la=
ley
orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la
actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes=
de
interés público y de carácter estratégico. El=
Estado
promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes =
de
la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin=
de
asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento
económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo.<=
/span>
Artículo 303. Por razones de soberanía
económica, política y de estrategia nacional, el Estado
conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de
Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrole=
ra,
exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empres=
as y
cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia =
del
desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.<=
/span>
Artículo 304. Todas las aguas son bienes de dom=
inio
público de la Nación, insustituibles para la vida y el
desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin =
de
garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación,
respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de
ordenación del territorio.
Artículo 305. El Estado promoverá la
agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural
integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la
población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de
alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a
éstos por parte del público consumidor. La seguridad
alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la
producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la
proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y
acuícola. La producción de alimentos es de interés
nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la
Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de ord=
en
|